El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de sanidad que pretende dar respuestas a uno de los principales retos a los que se enfrentan hoy los sistemas sanitarios como es el déficit de médicos especialistas en Atención Primaria –tanto médicos de familia como pediatras-.
Con el objetivo de paliar esta situación, que afecta a todas las comunidades autónomas, la Consejería de Sanidad ha decidido tomar medidas como la aprobación de este Decreto Ley, el cual se estructura en cuatro títulos, nueve artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una derogatoria y dos disposiciones finales.
El título I de esta norma se refiere a medidas en materia de productividad, con las cuales se pretende incentivar a los profesionales de Sacyl, vinculando esta productividad a los objetivos asistenciales de los centros incluidos en el Plan Anual de Gestión. Globalmente estos incentivos ascenderán a 36 millones de euros y se concretarán en los distintos centros de gestión mediante un ‘Pacto de Objetivos’ donde se determinarán los aspectos concretos que del Plan de Gestión afecten a cada Servicio, Unidad o Equipo, y se definirán las metas a alcanzar, los parámetros de evaluación y la verificación de su grado de cumplimiento. Se recupera, así, este instrumento de incentivación de los profesionales que fue paralizado en 2012 como consecuencia de la situación económica de la Comunidad.
El título II, por su parte, hace referencia a las medidas para el reconocimiento y la provisión de los puestos de difícil cobertura en el ámbito de la Atención Primaria en la Gerencia Regional de Salud. Se tendrán en cuenta para calificar un puesto como de difícil cobertura la distancia desde el centro de salud al hospital de referencia; el tiempo semanal empleado en los desplazamientos; el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos. Según estos criterios, se puntuarán los puestos y se declararán, en su caso –si cuentan con una puntuación igual o superior a siete puntos con los baremos establecidos-, de difícil cobertura.
A través de esta norma, se establecen también una serie de medidas incentivadoras, entre las que se incluye el reconocimiento del complemento de garantía asistencial, destinado a remunerar al personal que desempeñe estos puestos, especialmente para las categorías y profesiones con déficit de profesionales. Dicho complemento será de 6.000 euros anuales para los profesionales del grupo A1; de 1.300 euros anuales para los pertenecientes al grupo A2 y de 300 euros anuales para las categorías C1 y C2, así como para otras agrupaciones profesionales.
Otras medidas son: la flexibilización del horario; la disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal, siempre que el profesional lleve más de un año desempeñando dicho puesto; la valoración como mérito en la carrera profesional, considerándose como cooperación con el Servicio de Salud; la prioridad en la participación en las actividades de formación, y la prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos puestos de difícil cobertura en los proyectos piloto o de investigación.
El título III se refiere a las medidas en materia de fidelización de los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria. Con carácter excepcional, durante los años 2019 y 2020 se podrán realizar anualmente nombramientos eventuales a todos los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria que hayan finalizado su residencia en los tres años anteriores a la fecha del nombramiento por un periodo de dos años prorrogable, en su caso, por un año más. Posteriormente se realizará un estudio y valoración sobre si procede la creación de una plaza en la plantilla orgánica.
Por último, el título IV recoge medidas sobre servicios de transporte a la demanda en los casos en los que fuera preciso para poder ofrecer la cobertura asistencial oportuna en aquellos supuestos en los que no fuera posible hacerlo en los consultorios locales por carencia de profesionales. Se modifica para ello la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Catilla y león, añadiendo en la misma una Disposición adicional única que regula esta materia.
Con esta medida se posibilita el desplazamiento del usuario al centro de salud o a otro consultorio de la Zona Básica de Salud mediante un transporte a demanda que resultará gratuito para el usuario.
Estas iniciativas se suman a otras ya adoptadas por parte de la Consejería de Sanidad para hacer frente al déficit de especialistas, entre las que destaca la prolongación del servicio activo de todos los profesionales que lo solicitan una vez cumplida su edad de jubilación o la habilitación para la contratación de especialistas que no cuenten con el requisito de nacionalidad.
Se ha ofrecido además estabilidad en el empleo, pues en los últimos tres años se han ofertado a oposición 642 plazas de médico de familia a las que se añadirán otras 710 en la próxima convocatoria. En conjunto, 1.352 plazas que facilitarán la estabilidad laboral de los médicos de familia. Además, en 2016 se convocó concurso de traslado de médicos de familia ya resuelto con un total de 2.412 plazas. Este mismo mes de febrero se ha convocado concurso abierto y permanente de médicos de familia que facilitará su movilidad y la atracción de especialistas de otras comunidades. También se han incrementado las plazas MIR de medicina familiar y comunitaria y se ofrece además incentivación de docentes e investigadores. Y se ha negociado para su próxima aprobación el pago de las acumulaciones a los profesionales de Atención Primaria cuando no es posible su sustitución por falta de profesionales.
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