El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el decreto que regula la Formación Profesional Dual del sistema educativo teniendo en cuenta las características y peculiaridades geográficas, sociales y económicas de la Comunidad y las posibilidades de desarrollo de la formación del alumnado en este contexto.
La FP Dual es el conjunto de acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. Por tanto, tiene la consideración de Formación Profesional Dual tanto la actividad formativa inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje como los proyectos desarrollados en el ámbito del sistema educativo, siendo estos últimos los regulados y desarrollados en la norma que se aprueba.
El decreto establece que el primer curso del ciclo formativo ha de realizarse en el centro educativo, impartido por el profesorado del centro conforme a la programación didáctica de los módulos profesionales que componen el curso, y establece las condiciones que posibilitan programar actividades formativas en empresas durante el tercer trimestre del curso escolar. Asimismo, determina el inicio de la formación en la empresa tras la primera sesión de evaluación de los módulos profesionales de segundo curso celebrada al finalizar el primer trimestre del año, así como las condiciones para que excepcionalmente esta se pueda iniciar durante los tres primeros meses.
El texto establece los requisitos que deben cumplir las empresas participantes en proyectos de FP Dual, entre otros, su ubicación en Castilla y León -preferentemente en el entorno del centro educativo- y la obligación para las empresas de inscribir al alumnado en el Régimen General de la Seguridad Social durante su estancia en las empresas.
Respecto a la compensación económica de los estudiantes por la actividad realizada en empresas, se regula en forma de beca, la cual podrá ser proporcionada por la compañía o por fundaciones, instituciones u otras entidades colaboradoras de titularidad pública o privada. Se establece como excepción, al no dar derecho a compensación económica distinta de su salario, la actividad realizada por el personal militar que curse ciclos formativos en centros docentes militares. Asimismo, determina el importe mensual de la beca que, en ningún caso, podrá ser inferior al 50 % del valor mensual establecido para el salario mínimo interprofesional.