El sindicato ANPE sigue insistiendo en la derogación de los recortes en educación, aunque aseguran no estar de acuerdo en que la regulación del horario lectivo máximo del profesorado se deje en manos de las comunidades autónomas.
Para ellos, "se debería fijar, con norma de carácter estatal, al igual que ocurre con las ratios máximas de alumnos por aula, para evitar que se produzcan situaciones discriminatorias entre comunidades con diferentes cargas lectivas, teniendo en cuenta además que el Tribunal Constitucional avala la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima de los docentes".
Así, consideran que la reducción se debe llevar a cabo para mejorar la atención de los alumnos y propone, como ya han hecho otros sindicatos, "que el horario lectivo del profesorado sea como máximo de 18 periodos lectivos en los centros de Enseñanzas Medias y de 23 periodos lectivos, en los Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial".
Además de ello, exigen impulsar "la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo, alcanzar un acuerdo de financiación que permita acometer las reformas necesarias en igualdad de condiciones en todo el Estado, y vertebrar y cohesionar el sistema educativo, regulando un marco competencial básico en el que estén perfectamente definidos las atribuciones del Estado y las de las CCAA. Para promover estas medias, es necesario que se retome la idea de Pacto Educativo", comentan.
Asimismo, dicen que deben abordar la situación del profesorado y su futuro profesional, "dando respuesta al diseño de la profesión docente en un doble aspecto, estableciendo una Ley de la profesión docente y, por otro lado, con un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja y desarrolle la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública docente hasta la jubilación".
También quieren impulsar las líneas básicas para potenciar la Formación Profesional, "estableciendo una colaboración directa y más efectiva entre las empresas y los centros educativos" y "elaborar un plan estratégico de la convivencia en los centros que permita la mejora de la convivencia en los centros que permita la mejora de la convivencia y contemple el desarrollo reglamentario de la autoridad del profesor, un programa de prevención de acoso escolar que incluya la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas, un plan específico de formación del profesorado y la reactivación del Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar, entre otras medidas".