El PSOE de Castilla y León valoró este viernes que casi 50.000 autónomos de Castilla y León perciben desde hoy la prestación extraordinaria por cese de actividad como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
De esta forma, un total de 47.290 solicitudes fueron resueltas favorablemente de las 51.267 presentadas en la Comunidad Autónoma del casi millón de trabajadores por cuenta propia que lo han solicitado en el conjunto del país.
Estas medidas, puestas en marcha por el Gobierno de España para paliar la situación de estos trabajadores provocadas por la crisis sanitaria, conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal y fueron aprobadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tras la declaración del estado de alarma.
La prestación tiene una cuantía del 70 por ciento de la base reguladora, es decir, un mínimo de 661 euros en el caso de los que cotizan por la base mínima.
El PSOE de Castilla y León quiere valorar estas medidas inéditas del Ejecutivo, que buscan la protección de los sectores más vulnerables, a la que se añade que el próximo 30 de abril los autónomos no tengan que abonar la cuota correspondiente a la Seguridad Social.
Además, hay que recordar que es una prestación compatible con otras ayudas de la Seguridad Social y se otorga a este número de castellanos y leoneses sin una cotización mínima.
También el Gobierno devolverá de oficio las cuotas del 14 al 31 de marzo para afectados por el decreto de estado de alarma. Esta medida se suma también a otras de calado del Gobierno con los autónomos como la exoneración del pago de cotizaciones para los trabajadores en ERTE a su cargo o la moratoria de hasta seis meses para el pago de las cuotas a quienes no hayan suspendido su actividad, así como la ampliación del pago de impuestos.
El PSOE de Castilla y León, dentro del documento de propuestas para paliar la situación provocada por el Covid-19, también solicitó a la Junta medidas como la puesta en marcha de bonificaciones fiscales para pymes y autónomos, la reducción de las tasas y precios públicos al 100 por 100 también para este colectivo o la renegociación de sus préstamos vivos con la Administración autonómica.