La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda la avalancha de sentencias judiciales en contra de este abuso hipotecario, que van desde la primera sentencia a favor de los afectados del Tribunal Supremo en mayo de 2013 a la reciente victoria de la acción de cesación de cláusulas abusivas promovida por OCU contra el Banco Popular. En todas ellas, establecen unos requisitos de transparencia que no se cumplen en la práctica totalidad de los casos.
A pesar de ello, los bancos se niegan a eliminar las cláusulas suelo de sus contratos y devolver las cantidades cobradas de forma ilegal. BBVA, Novagalicia (ahora Abanca) y Cajamar, afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, eliminaron la cláusula de sus contratos desde dicha fecha. Banco Popular, obligada por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, ha eliminado la cláusula suelo de sus contratos, pero no ha devuelto las cantidades cobradas de más, incumpliendo los criterios fijados por el Tribunal Supremo.
Oficinadirecta.com y Banco Pastor, entidades integradas en Banco Popular, no quitan el suelo a sus clientes, alegando que no les afecta la sentencia del Banco Popular. Catalunya Caixa, entidad perteneciente al BBVA, así como Caixabank y Bankia han eliminado el suelo a sus clientes, pero sin devolver las cantidades cobradas de más. El Banco Santander apenas tiene cláusulas suelo y decidió en julio de 2013 eliminarlas de las hipotecas de Banesto, absorbido por el Santander, sin devolver cantidades cobradas de más.
Banco Sabadell, Liberbank, Unicaja, Banco Mare Nostrum, EspañaDuero, CajaSur, Ibercaja, así como muchas Cajas Rurales se han negado sistemáticamente a eliminar la cláusula suelo a sus clientes pero prácticamente la totalidad de estas entidades han visto cómo sus cláusulas suelo han sido declaradas nulas por los tribunales. OCU denuncia la pasividad del Banco de España y del Gobierno ante esta situación.
La organización advierte que algunos bancos ofrecen a los consumidores sustituir sus hipotecas por otras a tipo fijo, pero obligan a los consumidores a firmar un documento por el que renuncian a reclamar judicialmente las cantidades pagadas de más. Así, recuerda a los consumidores que si aceptan estos acuerdos pueden resultar gravemente perjudicados.
Con el objetivo de informar a los consumidores OCU lanza una campaña específica para resolver sus dudas. En especial para aquellos que aunque hayan terminado de pagar sus préstamos hipotecarios desconocen que a pesar de ello pueden reclamar las cantidades pagadas de forma abusiva.