Cumplido el ecuador de la legislatura (2019-2023), el Ejecutivo de coalición de PP y Cs acelera su agenda normativa, paralizada durante 2020 y el primer semestre de este año por el estado de alarma y el impacto de la pandemia, que llevó a que la gestión de todas las consejerías se centrara en el covid y retrasar programas y leyes comprometidas.
Cuatro proyectos de ley han entrado en las Cortes en este periodo, tras las vacaciones de verano, y están a la espera de su tramitación, si bien se trata de normas prometidas para la primera parte del mandato que tuvieron que ser relegadas por el coronavirus y sus efectos.
Sin embargo, los cuatro en tramitación están aún lejos de la cartera normativa aprobada por el Consejo de Gobierno el 10 de diciembre de 2020 para este año, cuando se acordó que fueran 22 los proyectos de ley que verían la luz en este 2021, una vez que la pandemia se encuentra en “riesgo controlado”.
El último en entrar en las Cortes ha sido el proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información pública y su reutilización en la Comunidad de Castilla y León, que se une a los de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, por el que se crea y regula la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción y derechos y garantías de las personas al final de su vida.
No obstante, diez textos han cerrado su tramitación en el Portal del Gobierno Abierto: de atención integral de víctimas de violencia de género, de modificación del derecho a la vivienda, de función pública, de régimen jurídicos de Altos Cargos, de participación ciudadana, de un modelo de atención residencial para cuidados de larga duración, de patrimonio cultural, de dinamización demográfica y de garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida.
Entre septiembre de 2019 y abril de 2021, únicamente se aprobó el proyecto de ley de declaración del Parque Natural de Sabinares del Arlanza-La Yecla (Burgos), el 2 de diciembre de 2020, y los presupuestos de la Comunidad para 2021. Ya en el segundo trimestre de este año se dio luz verde a la eliminación en la práctica del impuestos de sucesiones y donaciones y al de gestión sostenible de los recursos cinegéticos.
La agenda normativa se ha acelerado en este último periodo del año, con la aprobación de la ley del Tercer Sector, en el primer pleno de las Cortes del mes de septiembre, más los cuatro con la tramitación abierta, de los que tres corresponden a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
Precisamente, la Consejería que dirige el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, presenta el mayor número de proyectos de ley comprometidos, con ocho; Familia e Igualdad de Oportunidades, cuatro; Presidencia y Fomento y Medio Ambiente, tres cada una; dos Sanidad; uno, respectivamente, Empleo e Industria y Cultura y Turismo.
Retrasos
Otros proyectos anunciados por Transparencia son el Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad, que ya tiene el informe del Consejo Consultivo; de participación ciudadana, de cooperación internacional al desarrollo y de dinamización demográfica, que eleva al rango de ley las políticas contra la despoblación.
El Ejecutivo se estrenó en su primer Consejo de Gobierno en julio de 2019 con la presentación del anteproyecto de ley de derechos y garantías al final de su vida, una de las apuestas de Ciudadanos, en fase de presentación de enmiendas en las Cortes. Otra de las apuestas de la formación naranja, el proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación social e identidad de género, conocido como LGTBI, aun no se ha aprobado por el Consejo de Gobierno.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades avanzó para el este año las leyes de garantía de atención a personas con discapacidad a lo largo de su vida -cuyas líneas ha conocido ya el Consejo de Gobierno- y la de calidad de atención residencial en Castilla y León, para lo que se creó un grupo de trabajo, y atención integral a víctimas de violencia de género.
Presidencia ultima los textos de modificación de la ley reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León, de Función Pública y de cuerpos y escalas de la Administración de Castilla y León, que espera rematar a finales de año.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente comprometió para este ejercicio los de urbanismo y derecho a la vivienda. También, Cultura y Turismo presentó en el Gobierno Abierto el proyecto de ley de Patrimonio Cultural.
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