La convocatoria que acaba de resolverse supone un avance en el compromiso de la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, de alcanzar progresivamente la gratuidad total de los libros para todos los alumnos de enseñanzas obligatorias de Castilla y León. Si hace dos cursos se concedieron ayudas a las familias con rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM, el que ahora finaliza ya adelantaba este umbral hasta 2 veces este indicador, mientras que en la resolución que acaba de publicarse, destinada al próximo curso 2018-2019, el umbral se ha aumentado a 2,5 veces el IPREM, lo que equivale a 18.798,97 euros, aproximándose progresivamente a la renta familiar media de Castilla y León.
Concretamente en Zamora serán 5.433 las familias que se beneficiarán de esta ayuda que asciende a un total de 1.474.230 euros en la provincia.
Dentro de ese umbral, las familias acudirán en primer lugar a los bancos de libros de cada centro, recibiendo ayudas monetarias para la adquisición de los libros que no hubieran podido conseguir. Una vez adquiridos, tanto estos libros como los prestados, los devolverán a los bancos de libros de los centros para repetir el proceso en los siguientes cursos, hasta agotar la vida útil de los libros, que la Consejería de Educación tiene establecida en la actualidad en 4 años, siempre que antes de transcurrir este periodo no se dé la pérdida o un excesivo deterioro del libro.
Precisamente, una de las grandes novedades del programa de gratuidad desde el curso 2017-2018, a punto de concluir, ha sido la creación del Banco de Libros de Texto de Castilla y León, de titularidad pública, con independencia de estar ubicado físicamente en cada centro de la Comunidad, más allá de su carácter público o concertado. De esta forma, se han creado bancos de libros y se ha extendido el programa de préstamo y reutilización de libros de texto a la totalidad de los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad, una vez comprobado que este sistema permite dar una respuesta rápida y eficaz al problema de la dotación de material didáctico en los centros, facilitándoles fondos y herramientas de gestión.
En lo que se refiere a la resolución de esta convocatoria, la Consejería de Educación destaca que se han presentado 106.229 solicitudes, de las que se han concedido 62.939, todas las que han cumplido los requisitos exigidos, fundamentalmente el tener una renta familiar inferior a 2,5 veces el IPREM. Por otro lado, en los centros que todavía tengan existencias después de realizado este primer reparto, se seguirán prestando libros a los alumnos que superen este umbral de renta, en orden creciente a la misma, hasta agotar existencias. Con ello, se alcanzarán las 73.000 familias beneficiarias, según estimaciones de la Consejería de Educación.
Por lo que se refiere estrictamente a la resolución de la convocatoria, y por etapas educativas, a los alumnos de Educación Primaria se les han concedido 31.141 becas -el 59 % del total-, que suponen 8.913.840 euros; y a los de Educación Secundaria Obligatoria, 25.798, por importe total de 7.997.380 euros -el 41 % de la totalidad del presupuesto-.
Asimismo, tal y como se comprometió el titular de la Consejería de Educación, Fernando Rey, esta convocatoria se ha resuelto en junio, por lo tanto antes de la compra de los libros por parte de las familias, de modo que los padres saben con antelación si cuentan o no con este apoyo. Posteriormente, en septiembre, las familias deberán recoger los libros del banco de libros del centro y, en caso de faltarles alguno, aportar la factura justificativa del material adquirido antes de abonar esta cuantía, previsiblemente, a finales de año. De este modo, se logrará una visible agilización procedimental y un gran avance en el objetivo de la gratuidad de los libros de texto.
La optimización de los recursos presupuestarios y su concentración prioritaria en las familias en situación económica más desfavorable no ha impedido que se mantuviera en esta convocatoria, al igual que en las anteriores, una especial atención a colectivos necesitados de mayor protección. De esta manera, tanto familias numerosas, como discapacitados, víctimas de terrorismo o de violencia de género, entre otros colectivos, han sido objeto de una discriminación positiva en las ayudas mediante la aplicación de coeficientes favorables a su concesión.