La consejera de Sanidad, Verónica Casado, acompañada por el gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, que han participado este viernes en Valladolid en una concentración de repulsa por la reciente agresión a una médica del Centro de Salud Parquesol -junto al coordinador y trabajadores del mismo- ha explicado que las agresiones acarrean importantes consecuencias para sus autores, con la novedad de que la mayoría de esas sentencias condenatorias califican los hechos como atentado a funcionario público, pues la ley concede la consideración de autoridad pública a los profesionales de los centros sanitarios.
El compromiso en la lucha contra estos hechos incluye que la Junta remite a la Fiscalía todas las denuncias presentadas por el personal de Sacyl agredido, mientras que la normativa regional tipifica como faltas determinados comportamientos de los usuarios, tales como faltas de respeto, incorrecto uso de instalaciones o servicios, coacciones, amenazas, represalias y agresiones a los profesionales de las instituciones sanitarias.
Casado ha advertido que cada vez se registran con mayor frecuencia coacciones, amenazas y agresiones contra el personal, actos violentos que afectan a la prestación del servicio y distorsionan la relación con los pacientes, por lo que ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para combatir este fenómeno desde el respeto a la labor realizada por los profesionales.
“No vamos a admitir –ha dicho la consejera- las agresiones a los profesionales bajo ningún concepto. Tenemos un gran sistema sanitario, muy bien valorado, y es precisamente bueno por sus profesionales. Nos están cuidando y hay que cuidarles. No podemos aceptar la violencia, y por eso desde la Consejería de Sanidad hacemos un rechazo total y vamos a intentar reforzar con la fiscalía las penas frente a estos delitos”.
A su juicio, el daño que se hace a estos profesionales agredidos es “inmenso, tanto física como psicológicamente, porque se hace daño a la persona. Pero además se daña al sistema sanitario y se altera la organización del centro”.
Desde el año 2008 se han adoptado multitud de iniciativas desde la Junta de Castilla y León para tratar de frenar este problema -el año pasado se registraron 579 trabajadores agredidos-, incluida la defensa jurídica de los profesionales con un teléfono 24 horas o el apoyo del teléfono 012 de la Junta, medidas organizativas en los centros -por ejemplo botones de alarma o interlocutores policiales directos-, la asistencia médica y psicológica, la creación de un mapa con los puntos más conflictivosy diversas acciones de formación (por ejemplo cursos sobre manejo de pacientes) o sensibilización (son muy conocidas las campañas “Espacio de salud, espacio de respeto” o “Stop agresiones”).
La consejera ha querido destacar por último la colaboración con otras instituciones en la adopción de medidas, aparte del estamento judicial, como el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería, los cuerpos de seguridad del Estado o el Colegio de Psicólogos de Castilla y León.