Cabe recordar que las inspecciones oscilan desde los 26,19 euros que cobran en Extremadura por un turismo diésel o gasolina, hasta los 55,72 euros que cuesta en Castilla y León por pasar la revisión a un turismo diésel. En España conviven distintos modelos de gestión, puesto que son las comunidades autónomas las que regulan los sistemas de ITV. Existen las de gestión pública, directa o tutelada a través de una empresa pública, las que trabajan mediante concesión y las que se encuentran liberalizadas. Estos regímenes hacen que existan distintos precios; tarifas y precios privados y tasas. Esto motiva que en algunas comunidades autónomas se aplique IVA y en otras no; que en unas exista un mayor control de los importes, pues las tasas se someten a aprobación pública, mientras que en otras la liberalización del sector, como en Madrid, no tenga establecido un precio mínimo ni máximo.
Liberalización del mercado
Facua avisa de las consecuencias negativas que puede generar la liberalización del servicio de ITV que estudia el Ministerio de Industria. La asociación pide que se mantenga un servicio público cuyo objetivo principal debe ser garantizar la seguridad vial. Advierte además de que la medida es contraria al ordenamiento jurídico europeo y no representará una bajada de precios.
La asociación tampoco comparte este proceso de liberalizar una asistencia que afecta a la seguridad de las personas y que debe tener reguladas las características, el precio y la calidad. La organización cuestiona el conflicto de intereses que generaría esta medida. FACUA se pregunta quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y también en estación de ITV. La directiva comunitaria que regula la inspección técnica de vehículos obliga a que, a partir del 31 de diciembre de 2013, se haga constar la lectura del cuentakilómetros en el certificado que debe emitirse, algo que ya hacían diversas comunidades autónomas para evitar intentos de fraude.