La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el trabajo como “aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas ó ataques en circunstancias relacionadas con su actividad laboral, incluyendo el trayecto entre el domicilio y su lugar de trabajo, con la implicación de que se amenace explícita ó implícitamente su seguridad, bienestar ó salud".
Para el Colegio de Médicos, la situación para el personal sanitario es especialmente compleja, porque "el sufrimiento, la incertidumbre y el dolor favorecen situaciones de conflicto en la comunicación médico-paciente. El estrés profesional, la falta de recursos, la rutina en la práctica diaria y la sobrecarga asistencial, factores ahora más comunes, merman la capacidad del profesional para afrontar este tipo de situaciones".
"La violencia en el lugar de trabajo amenaza la prestación de servicios eficaces de atención al paciente y, por tanto, la seguridad de los mismos. Para poder dispensar unos cuidados de calidad, los profesionales deben tener garantizado un entorno de trabajo seguro y un trato respetuoso, siendo contundentes en nuestra denuncia y rechazo hacia cualquier acto o manifestación de violencia, mediante una adecuada legislación, reglamentos de personal y sanciones judiciales. No debe minimizarse la importancia del abuso verbal, cuyos efectos son similares a los de la violencia física, incluidas sus repercusiones en la prestación de los cuidados".
La OIT y la OMS denuncian que el 25 por ciento de los incidentes de violencia en el ámbito laboral se producen en el entorno sanitario. Los datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) tras cuatro años de iniciado el Registro Nacional de agresiones, revelan una prevalencia continuada de las mismas, a pesar de que los datos de los dos últimos años hayan disminuido en números absolutos y en porcentaje.
Desde la Organización Médica Colegial están trabajando "para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad, siendo penadas con los mismos criterios en todas las Comunidades Autónomas, con la misma consideración tanto si el ámbito donde se ejerce sea público o privado y poniendo a disposición de la justicia el Registro de Sentencias Judiciales por agresiones a médicos como herramienta para lograrlo. La puesta en marcha del Curso sobre Prevención y Abordaje de las Agresiones a Médicos es una clara iniciativa proactiva por la prevención y la formación en las competencias profesionales suficientes en situaciones difíciles".