La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha gestionado, hasta la fecha, un total de 1.650 denuncias por el incumplimiento de la normativa vigente en materia de salud pública y para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Concretamente, la Guardia Civil ha expedido 1.271, la Policía Nacional 208, la Policía Local 157, el Servicio Territorial de Sanidad 13 y el Servicio Territorial de Cultura 1. En cuanto a la competencia para su tramitación, a la Junta de Castila y León le corresponden 225 (139 en la Sección de Interior, 45 al Servicio Territorial de Sanidad, 1 al de Cultura y 40 a la Agencia de Protección Civil), mientras que el resto han sido tramitadas por los ayuntamientos correspondientes.
La delegada territorial, Clara San Damián, ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos para que cumplan con las medidas de las autoridades sanitarias. “Es imprescindible la colaboración de todos para poder frenar el virus y así evitar la saturación de los hospitales. Por ese motivo, todos debemos ser responsables para reducir esta cantidad tan elevada de sanciones y la mejor manera es ejerciendo nuestra responsabilidad individual y cumplir la normativa vigente”.
Las sanciones a aplicar van desde los 100 euros por mal uso o no llevar mascarilla, los 600 por incumplir horarios de cierre en hostelería, los 3.000 euros por no respetar las normas sobre aforos, a los 6.000 o 9.000 euros por incumplir medidas de higiene, como falta de geles, ventilación, distanciamientos, en centros de trabajo. Además, destacar que existe una reducción del 40% del importe de la sanción si el pago se realiza dentro del periodo voluntario.
Ayuntamientos y Diputaciones
Por otro lado, recordar que según la normativa vigente del pasado 22 de octubre de medidas urgentes para reforzar el control y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, son los Ayuntamientos las administraciones encargadas de la “la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores y de los recursos administrativos, debidos al incumplimiento por los ciudadanos de la obligación del uso de las mascarillas o uso inadecuado de las mismas en las vías, lugares públicos, espacios al aire libre y en los vehículos, cuando el uso sea obligatorio, dentro de su término municipal”.
En este sentido, los alcaldes también tienen reconocida la condición de ‘autoridad sanitaria’, según la legislación sectorial sanitaria, y las Diputaciones provinciales, a solicitud de ayuntamientos que carezcan de los recursos personales precisos para la tramitación de los procedimientos, les prestarán la asistencia jurídica y técnica necesaria de gestión cuando aquellos se la encomienden.