La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará parte de los 150,7 millones de euros que llegarán a través de los fondos europeos de resiliencia para la construcción de dos nuevas residencias en Ávila y Zamora en los tres próximos años, que contarán con unas 200 plazas en cada caso.
En concreto, cada centro está presupuestado en 16,3 millones, a los que habrá que sumar 30,4 millones de euros para obras de mejora y remodelación para implantar unidades de convivencia en las residencias públicas de Burgos (4,3 millones); León (4,4 millones de euros); Palencia (3,4 millones); Segovia (13,3 millones); Soria (un millón) y Valladolid (casi 4,1 millones).
Junto a esos proyectos que financiará la Unión Europea, para hacer frente a la crisis de la pandemia del COVID-19, la consejera Isabel Blanco recordó que la administración autonómica afronta otras actuaciones como la nueva residencia que ya se construye en Salamanca, con una inversión prevista de 15,21 millones de euros, así como la futura Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de León, a la que se destinarán 3,5 millones. Además, reiteró que se continuará con la ampliación de plazas de convalecencia y la reconversión de plazas públicas residenciales de personas válidas en otras para dependientes.
Durante la presentación de las ideas impulsadas por su departamento en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, Blanco aseguró que los 166 planes remitido al Gobierno central para que los haga llegar a la UE para su aprobación se enmarcan en el sistema de Dependencia 5.0 que la Junta pretende implantar en Castilla y León. No en vano, precisó que se persigue el doble reto de que la gestión de los servicios sociales de la Comunidad continúe a la vanguardia en España y de estimular al sector privado a acometer también esa transformación del modelo de cuidados de larga duración.
Un modelo de atención que, significó, sitúa a las personas en el centro de sus políticas sociales y se fundamenta en la idea de que son ellas, como destinatarias y usuarias de sus prestaciones y servicios, las que mejor conocen sus necesidades y, por lo tanto, quienes deben decidir qué tipo de atención quieren recibir.
La transformación estratégica de la política social de Castilla y León tendrá uno de sus reflejos en un nuevo modelo residencial, que busca que los mayores que no puedan continuar en su hogar y deban trasladarse a un centro para recibir cuidados se sientan en él como en su propia casa. Y es aquí donde cobran protagonismo las unidades de convivencia, que buscar ser espacios similares a los domésticos pero en el interior de las residencias. Es decir, se persigue que el usuario siga manteniendo su intimidad, el control de su vida, y su capacidad de elección, participación en actividades cotidianas e interacción social, tal y como recogerá la futura ley autonómica de atención residencial.
La inversión de los 150,74 millones de euros previstos para los próximos tres años -de los que 41,8 millones serán para 2021- se distribuirá en los tres grandes ejes de actuación que ha establecido el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el conjunto del país, conforme a los criterios fijados por la Unión Europea. El Plan de apoyos y cuidados de larga duración (46 proyectos y 95,1 millones), el Plan de modernización de los servicios sociales (63 proyectos por importe de 37,14 millones) y España país accesible (57 proyectos, que ascienden a 18,42 millones de euros).
La consejera de Familia destacó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que Castilla y León aprovechará los fondos europeos para acelerar la transformación tecnológica de sus servicios sociales, de manera que todas las inversiones que se ejecuten en modernizar infraestructuras, en innovar sobre procesos y equipamientos o en digitalizar trámites tendrán como finalidad prestar una atención más individualizada y cercana, a la carta de las personas más necesitadas, y universal en el amplio territorio autonómico.
En cuanto a los cuidados de larga duración, se han incluidos proyectos en centros propios de la Junta, que implicarán una redefinición "sustancial" de los actuales modelos de atención a mayores, dependientes y menores, ya sea en una residencia o en su propio domicilio. Las inversiones programadas en este apartado –una parte de ellas financiadas con presupuesto propio de la Consejería de Familia– se elevan a 17,2 millones de euros en Ávila; seis millones en Burgos; 8,9 millones en León; 4,4 millones en Palencia; 19,2 millones en Salamanca; 13,2 millones en Segovia; 4 millones en Soria; 7,82 millones de euros en Valladolid, y 16,33 millones en Zamora.
Un dinero que no solo irá para los centros de mayores sino que los fondos europeos también financiarán la construcción de un nuevo centro de protección de menores en Salamanca, con una inversión de 3,5 millones de euros, y las obras de remodelación programadas en tres centros de Valladolid (por valor de 3,73 millones) y en uno de Burgos (por importe de 1,68 millones de euros).
Según el reparto del Gobierno de España, a Castilla y León le han asignado, en principio, el 5,7 por ciento del total de los fondos de Resiliencia que distribuirá entre las comunidades. La consejera indicó que parte de los proyectos financiados con los fondos correspondientes a las comunidades se desarrollará en colaboración con las entidades locales, a las que se les dará una mayor participación en Castilla y León.
La Consejería de Familia e Igualdad ha incrementado hasta el 20 por ciento la cuantía inicial del 15 por ciento que había reservado el Ministerio para ayuntamientos y diputaciones, que gestionarán 30,15 millones de euros. De la misma manera, se realizarán proyectos en cooperación con el tercer sector por un importe de 15,7 millones de euros (diez por ciento del total) durante los próximos tres años.
El segundo gran eje de actuación, tras los cuidados de larga duración, será la transformación tecnológica de los servicios sociales. Isabel Blanco avanzó que la apuesta de Castilla y León en este apartado es consolidar el nuevo sistema de atención a la Dependencia 5.0, para lo que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presupuestado 26,35 millones de euros en diversos proyectos.
La Junta se volcará especialmente en mejorar la atención de las personas dependientes que residen en sus casas aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y aplicando su experiencia en la innovación social. "La tecnología debe ser el motor de desarrollo de los servicios sociales, como prueba la multitud de proyectos europeos en los que participa, alguno de los cuales lidera en el contexto europeo", expuso.
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