El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha instado a España a modificar sus legislaciones estatales y autonómicas a fin de prohibir la participación de los menores de 18 años en corridas de toros como toreros, espectadores o “alumnos” de escuelas taurinas.
En el examen al que se sometió el Estado español el pasado 22 de enero en Ginebra, el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU apunta en sus conclusiones lo que considera una preocupación por los «efectos dañinos» para los niños.
«A fin de prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en niños, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y espectadores en corridas de toros». El miembro del Comité, Gehad Madi, ha destacado esta semana que usar niños como toreros y exponerlos como espectadores a las corridas de toros, es una práctica violenta.
Idénticas recomendaciones ya han sido emitidas a Francia, Perú, Colombia, México y Portugal, y en todas ellas se hace referencia expresa a la tauromaquia como hecho violento.
La delegación española en el Comité de los Derechos del Niño, integrada entre otros por miembros de la Fundación Franz Weber, fue preguntada por Madi sobre las medidas que tomará España para impedir la participación de menores en la tauromaquia. Según esta fuente, el Gobierno español respondió que se trata de actividad reglada que depende de la sensibilidad de las Comunidades Autónomas.
La Asociación Animalista Libera en CyL instará a la Junta a modificar su legislación al respecto y cumplir así con las recomendaciones de la ONU en la protección al menor y su alejamiento de la violencia como interés superior del niño, teniendo además presente que en España la tauromaquia sigue siendo una insólita excepción a la deslegitimación de todo tipo de violencia.
Expertos de la delegación española como la abogada Anna Mulá alertan de que la violencia extrema a la que se somete a los menores participando y siendo espectadores de corridas de toros, supone una contradicción con los tratados internacionales firmados por España en su compromiso de protección a la infancia, y que el interés superior del niño a no ser expuesto a la violencia, prima sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir o entrar en conflicto