La Subdelegación del Gobierno en Soria ha iniciado un expediente sancionador contra cada una de las ochos personas que participaron el pasado 11 de abril en Covaleda en una simulación de los encierros de San Fermín. Este acto se celebró en la vía pública pese a la obligación de confinamiento recogido en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
La sanción que se propone en este expediente para cada uno de los ocho participantes es de 3.001 euros (24.008 euros en total). De acuerdo con la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, podrían haber incurrido en una infracción sancionable con multa de 601 a 30.000 euros. La autoridad competente para imponer esta sanción es el delegado del Gobierno en Castilla y León.
Para la graduación de la sanción se ha tenido en cuenta, entre otras circunstancias, que estas personas grabaron en vídeo su actuación y que dicho vídeo fue difundido por redes sociales y por los medios de comunicación provinciales, regionales y nacionales.
Esta circunstancia constituye un agravamiento al hecho de quebrantar el estado de alarma puesto que la parodia tuvo gran repercusión en el municipio y fuera de él. Además, la Zona Básica de Salud Pinares-Covaleda ha arrojado resultados de contagio por la enfermedad muy superiores a otras zonas de la provincia y de la comunidad autónoma.
Fue este vídeo el que permitió a la Guardia Civil de Covaleda reconocer, identificar y denunciar a los participantes.
PAGO VOLUNTARIO O PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES
Una vez notificado el acuerdo de iniciación, estas personas dispondrán de un plazo de 15 días para realizar el pago voluntario lo cual conlleva una reducción del 50 por ciento del importe de la multa.
Si no se opta por la posibilidad del pago voluntario, los denunciados disponen de un plazo de 15 días desde el día siguiente a la notificación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones consideren oportunas en su defensa.
Si transcurridos los mencionados 15 días, no ha habido respuesta del denunciado, el procedimiento sancionador seguirá su curso y lo que ahora es un acuerdo de iniciación será considerado propuesta de resolución que deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de un año desde la iniciación del expediente.