UGT ha enviado un comunicado a los trabajadores afectados de la empresa EULEN S.A. como consecuencia de la decisión de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de poner fin a 122 puestos de trabajo de veterinarios y auxiliares que, en la actualidad, están prestando sus servicios en las nueve provincias de la comunidad.
La decisión tomada en el consejo de Gobierno del pasado 31 de octubre provoca la finalización de los contratos de toda la plantilla con fecha de 30 de noviembre. Cabe recordar que los trabajadores venían prestando su servicio de forma continuada desde 2013 y estaban contratados como indefinidos, tanto de forma fija como discontinua.
Y es que la Junta de Castilla y León va a destinar 6,4 millones al Programa para la vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades en la cabaña Ganadera de Castilla y León durante un año, invirtiendo 2 millones anuales más frente a los 4,4 millones anuales anteriores que abonaba a la empresa contratista a la que ahora, por una decisión unilateral de la administración, no se la renueva ni se la permite optar a la nueva licitación.
A la luz de los acontecimientos, UGT tiene claro que no se va a modificar la naturaleza de la actividad que se presta, que existe una clara continuidad en la actividad profesional que se debe realizar antes y después del 30 de noviembre y que, por tanto, deberían haberse subrogado los contratos de los profesionales que se encuentran actualmente en activo.
No obstante, con su decisión, la administración deja en la calle a 122 familias para las que la realización de ese trabajo es imprescindible para afrontar el futuro con seguridad ya que llevan desempeñando su labor más de una década. Ahora, esa tranquilidad y esa seguridad se transforman en angustia, en incertidumbre y en la salida de forma casi inmediata del mercado de trabajo.
Desde la organización sindical aseguran que parece que “la Administración no tiene en cuenta las consecuencias en las vidas de las personas trabajadoras cuando toma ciertas decisiones".
De hecho, la actual empresa concesionaria del servicio, al recibir la noticia de la no continuidad ya ha iniciado los contactos con la representación de las personas trabajadoras para negociar un Expediente de Regulación de empleo con afectación para toda la plantilla debido a que el 1 de diciembre no tendrá actividad y no podrá dar una ocupación efectiva a los trabajadores y trabajadoras.
Por eso, el sindicato aduce que “la Junta de Castilla y León está asistiendo como mero espectador, de forma impasible, a los cambios negativos que sus decisiones traerán a las personas trabajadoras: desempleo, estrés, pérdida de calidad de vida…”. Mientras, además, encarga a un medio propio de la Administración, al grupo Tragsa, que haga una selección de Veterinarios para que sigan prestando el mismo servicio. Así que, tal y como denuncian en UGT, “hay, ahora mismo, personas trabajadoras negociando por un lado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y, en paralelo, se está llevando a cabo un proceso de selección para realizar una actividad que ya venían realizando y que se tiene que seguir prestando”.
Por eso, los sindicatos afirman que apoyan y secundan “todas las acciones que se inicien en adelante desde la plantilla y desde sus representantes sindicales” porque entienden que, “desde la unidad de acción y con la plantilla unida se puede revertir una situación injusta, que no presenta a priori ninguna justificación laboral y que solo nace de una injusta decisión de una Administración que este caso concreto nos muestra su cara más dura e inhumana”. En este sentido, la plantilla ya ha anunciado la convocatoria de huelga para los días 21,22, 23, 28, 29 y 30.
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