El Sindicato de Enfermería, SATSE, pide a los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León que impidan que la Consejería de Sanidad amortice 16 plazas de enfermeros funcionarios –que no estaban incluidas en la reestructuración de Primaria-, “por el perjuicio que conlleva para estos profesionales y por el riesgo de que una vez más, se judicialice un proceso de provisión de plazas de Enfermería en Castilla y León”.
SATSE va a dirigir un escrito a los partidos políticos con representación en las Cortes regionales para explicarles el proceso “que han tenido que padecer los enfermeros funcionarios que trabajan en Sacyl ante la celebración mañana de la Mesa Sectorial en la que se abordará este asunto y en la que se podría decidir la amortización de esas 16 plazas de enfermeros funcionarios”, correspondientes a profesionales que se han jubilado en los últimos meses.
El Sindicato de Enfermería alerta de la “complicada situación en que se ha sumido a estos enfermeros” de la Gerencia Regional de Salud, empleados públicos de la Junta de Castilla y León que llevan años viendo como su derecho a una movilidad “está siendo cercenado por la Administración” y que ahora, desde Sacyl, “pretenden restringir aún más mediante la amortización de las relaciones de puestos de trabajo (RPTs) de los enfermeros funcionarios jubilados en los últimos meses”.
En 2014 se publicó el Decreto 5/2014 por el que se planificaban y ordenaban las actuaciones necesarias para llevar a cabo la reestructuración de Atención Primaria Sacyl, que finalizaba con la convocatoria de un concurso de traslados, en el que según el propio decreto, se incluirían todas las plazas vacantes existentes. Las únicas que serían excluidas del mismo serían las que estaban recogidas en los anexos del plan de reestructuración como puestos a amortizar por, según la interpretación de la GRS, “no ser necesaria la cobertura de la misma al no tener presión asistencial suficiente”.
Cinco años después de la publicación de dicho decreto, el concurso de traslados sigue sin convocarse, y ya “no es sólo que se esté limitando la posibilidad de movilidad de los enfermeros funcionarios -el último concurso de traslados se llevó a cabo en el año 2008-, si no que ahora, Sacyl pretende amortizar las plazas de enfermeros funcionarios que han quedado vacantes en los últimos meses, y que no estaban incluidas en el Plan de reestructuración ya que es necesario que existan para mantener la cobertura asistencial”. Sacyl pretende crear esas plazas con otra vinculación jurídica, estatutaria, impidiendo de esta manera que los enfermeros funcionarios puedan optar a ellas en el concurso de traslados, que SATSE espera “se convoque en breve después de años de espera”.
SATSE Castilla y León considera que “los enfermeros funcionarios de esta Comunidad han sido especialmente perjudicados por las decisiones tomadas por Sacyl y Función Pública de la Junta”. Hay enfermeros funcionarios, según el sindicato, que como consecuencia de la reestructuración de Primaria “se les arrebató su destino definitivo y fueron asignados de forma provisional a otros puestos de trabajo, alejados en la mayoría de los casos de su residencia habitual, y hay otros enfermeros funcionarios que tras superar un proceso selectivo en el año 2006, después de numerosos periplos judiciales, fueron desnombrados y posteriormente vueltos a nombrar, pero en unas plazas diferentes, lo que en ocasiones ha supuesto desplazamientos diarios de más de 100 km por carreteras comarcales desde su domicilio habitual”.
Estos funcionarios, que llevan años esperando la convocatoria de un concurso de traslados para poderse acercar finalmente a su domicilio de residencia, ahora, “de forma incomprensible y sin una razón objetiva, comprueban cómo de nuevo Sacyl pretende perjudicarles reduciendo sus opciones a optar, por fin, a una plaza en el concurso de traslados que se convoque”, según SATSE.
El Sindicato de Enfermería alerta de las consecuencias de esta decisión que pretende tomar Sacyl, que “va a implicar la judicialización de la amortización de las plazas y del propio concurso de traslados, lo cual conllevará que una vez más un nuevo proceso de provisión de la categoría Enfermera en Castilla y León termine en los Tribunales de Justicia, con el perjuicio que supone tanto para los trabajadores como para la imagen de esta Administración”.