Los Consejos Generales de Médicos, Enfermería, Odontólogos y Farmacéuticos, junto con los colegios profesionales de Fisioterapia, Terapeutas Ocupacionales, Ópticos-Optometristas, Psicología y Nutricionistas de Castilla y León, emitieron un manifiesto conjunto en defensa de la asistencia sanitaria de calidad. En representación de cerca de 50.000 profesionales de la Comunidad, estas organizaciones mostraron su preocupación por prácticas que, según denuncian, comprometen la seguridad y el bienestar de los pacientes.
El documento pone el foco en la importancia de respetar las competencias exclusivas de los profesionales sanitarios recogidas en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. “Los profesionales sanitarios, con competencias, conocimiento y responsabilidad sobre el tratamiento de pacientes, están claramente definidos en esta normativa”, subraya el texto. Asimismo, recalca que la prevención secundaria, terciaria y cualquier procedimiento con objetivo terapéutico debe ser realizado “exclusivamente” por los profesionales debidamente habilitados.
En el manifiesto, se hace una advertencia clara sobre la externalización de procedimientos terapéuticos hacia ámbitos ajenos al sanitario. Los firmantes señalan que esta práctica, que consideran inaceptable, pone en riesgo la salud de los pacientes al delegar intervenciones en espacios y profesionales sin garantías ni habilitación. “Estamos en contra de cualquier derivación de pacientes hacia contextos que no cuenten con la supervisión de profesionales sanitarios capacitados”, denuncian.
El manifiesto incluye una petición directa a la Junta de Castilla y León para que garantice la presencia de profesionales sanitarios en todas las intervenciones relacionadas con el tratamiento, prevención y control de enfermedades. También exige un mayor control sobre la publicidad sanitaria, con el objetivo de evitar la difusión de mensajes ambiguos que puedan inducir a error a la población.
“Defender la salud de la ciudadanía pasa por asegurar que los procedimientos terapéuticos sean realizados únicamente por profesionales cualificados y habilitados”, concluyen los firmantes, quienes hacen un llamamiento a los responsables políticos para que refuercen las garantías de la asistencia sanitaria en la Comunidad.
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