El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presionó desde Bruselas para que las instituciones comunitarias, del Consejo Europeo y de España, reduzcan el estatus de protección del lobo de “estrictamente protegido” a solamente “protegido”. Al respecto, recordó que desde el 2019 hasta ahora, la presencia del cánido en el conjunto del país se ha incrementado un 12 por ciento”, según protestó el consejero en un simposio organizado por Asaja en la capital comunitaria.
Suárez-Quiñones participó en este encuentro justo el día antes en que se prevé que el Consejo de Europa rebaje el estatus de protección del lobo de “estrictamente protegido” a solamente “protegido” a petición de la Comisión Europea y los estados miembros de la Unión Europea, aunque España votó en contra. En caso de que el Convenio de Berna (la entidad del Consejo de Europa especializada en la conservación de la fauna) lo apruebe, solo faltará que el Parlamento Europeo también dé su visto bueno definitivo para que se modifique la directiva europea que afecta la protección del lobo.
El consejero aseguró que la presencia de manadas en todo el territorio español pasó de unas 297 en 2019 a unas 333 “como mínimo” en la actualidad. Con base a estos datos, Suárez-Quiñones acusó al Gobierno de “mentir” en 2019 a Bruselas en su informe sobre la situación del lobo en España al asegurar que se encontraba “en regresión”, cuando “esto no era cierto”. “Este informe faltó a la verdad”, insistió.
De esta manera, comparó que “hay más manadas de lobo en Castilla y León que en toda Francia”, y que de los 75.000 ataques a cabezas de ganado, “unos 12.000, 13.000 o 14.000 han tenido lugar en España”, más de 5.000 en la Comunidad Autónoma. Por ello, Suárez-Quiñones explicó que, aparte de hablar en nombre de la Junta, también protestó en boca de otros gobiernos autonómicos afectados por la presencia del lobo, como Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón y la Comunidad de Madrid. “Todos tenemos la misma problemática”, dijo Suárez-Quiñones.
En este sentido, “achacó” la “extracción” de competencias de las diferentes comunidades autónomas por parte de Gobierno y de “tomar la decisión” en 2021 de incrementar la protección del lobo “sin contar” y “en contra” de las regiones afectadas. De hecho, aseguró que el Gobierno amplió el estatus de protección del lobo a la zona del norte del Duero, a pesar de que la legislación europea permitió mantenerlo en simplemente “protegido” por ser una zona “excepcional” con más manadas de lobos que en el global del territorio europeo.
Según explicó el consejero, este decreto ley aprobado por el Gobierno el 2021, para la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre) “provocó la indignación de diferentes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el PSOE”. También acusó al Gobierno de “radicalismo” y de “dogmatismo” en materia de protección del lobo y lo contrastó con el hecho de que las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por ejecutivos socialistas, optaron por “luchar por su territorio” y con base a la “realidad”.
Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en julio pasado que el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es “desfavorable”.
Dos anexos diferentes
En la actualidad, las poblaciones de lobo ibérico se encuentran en dos anexos diferentes de la Directiva de conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres conocida como Directiva Hábitats. Las poblaciones del norte del Duero se encuadran en el anexo V, especies que pueden ser objeto de medidas de gestión, mientras que las poblaciones del sur del Duero se encuadran en el anexo IV, especies estrictamente protegidas.
La Junta de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en la estrategia nacional del lobo vigente hasta el año 2022, siempre ha defendido que la población de lobos de España es una “única población que está en expansión y que ha colonizado el sur del Duero desde el norte y que, por lo tanto, debía de modificarse la situación legal de la especie en la Directiva Hábitats, pasando a estar toda la población en el anexo V”.
Desde el Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, en contra de la posición de las comunidades que gestionaban el 95 por ciento de las poblaciones de lobo, dictó la Orden por la que se modifica el Anexo del Real Decreto para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas e incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE), que amplió la protección estricta del lobo también al norte del Duero y retiró a las comunidades autónomas la capacidad de gestión de la especie.
La Junta siempre ha calificado esta medida como “unilateral e ideológica, sin estar basada en criterios de conservación sino en decisiones políticas que perjudicaban a la ganadería y al medio rural”. Una decisión sobre la que pende un recurso ante la Audiencia Nacional tanto de Castilla y León como de otras comunidades autónomas y otras entidades.
Además, el Gobierno de España modificó la estrategia nacional de conservación y gestión del lobo sin consenso con las comunidades autónomas.
Con el fin de revertir esta situación que “impide” la gestión de la especie y “aumenta considerablemente los daños sobre la ganadería extensiva, la Junta de Castilla y León, junto con otras comunidades autónomas, ”realizó gestiones en el marco de la Unión Europea buscando apoyos".
A lo largo de los años 2022, 2023 y 2024, la Junta obtuvo “resultados positivos”. El Parlamento Europeo aprobó resoluciones que reconocieron el “impacto negativo del aumento de grandes carnívoros, incluyendo el lobo, sobre la ganadería, y respaldaron la necesidad de revisar su estatus legal”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio instrucciones a sus equipos para trabajar en línea con estas demandas. Además, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE reconoció la problemática y apoyó la revisión de los anexos de la Directiva Hábitats para rebajar el grado de protección del lobo, dado el crecimiento de sus poblaciones en Europa.
En diciembre de 2023, la Comisión Europea reafirmó esta postura y consideró una reforma que permitiera un enfoque “más equilibrado entre la conservación del lobo y la protección de la ganadería”. Para realizar esta modificación legal de los anexos de la Directiva y que toda la población de lobos pueda estar en el anexo V, el primer paso es la modificación del Convenio de Berna.
El consejero también recordó que al norte del río Duero la flexibilización en la gestión no necesita un cambio en el estatus legal del lobo, puesto que su protección estricta es una “medida nacional adoptada por el ministerio de transición ecología y reto demográfico y que está en sus manos el revertirla mañana mismo”.
Directiva EUDR
El consejero aprovechó la visita para reunirse con el representante de la Representación Permanente de España en Bruselas (REPER), a quien expuso la posición de Castilla y León respecto al tema del lobo y sobre la directiva EUDR (Reglamento Europeo contra la Deforestación), que busca garantizar que los productos comercializados en la UE no contribuyan a la deforestación ni a la degradación de los bosques, siendo un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
La Junta consideró “acertada” la decisión de posponer un año la aplicación del reglamento, dado que ni la Comisión Europea, ni los estados miembros, ni las empresas “están suficientemente preparados para su cumplimiento efectivo”. “Este tiempo adicional es esencial para adaptar los procedimientos y garantizar su viabilidad”, opinó la Junta.
La aplicación del reglamento “debe ser flexible y ajustada a los objetivos planteados, evitando que genere cargas administrativas excesivas”. “Estas podrían comprometer la competitividad de las empresas o incluso hacer inviable su cumplimiento debido a la complejidad de las exigencias”, comentó.
Aunque la competencia en esta materia no recae exclusivamente en las comunidades autónomas, la Junta solicita tanto a la Comisión Europea como al Gobierno de España que se dispongan los recursos necesarios, incluida financiación, para que las administraciones regionales puedan asumir su papel en la implementación del reglamento.
Las empresas de Castilla y León han expresado su inquietud por las exigencias del reglamento y han solicitado simplificar las cargas administrativas. Advierten que, de no lograrse esta simplificación, “podrían enfrentar serias dificultades para cumplir las normativas, lo que pondría en riesgo su continuidad”.
De esta manera, el Gobierno autonómico “reafirma su compromiso de colaborar en el desarrollo de normativas que equilibren la protección medioambiental con la sostenibilidad económica y social del tejido empresarial”.
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