El Grupo Parlamentario Socialista ha conseguido que el Consejo de Cuentas de Castilla y León incluya en su Plan de Fiscalizaciones del año 2020 todos los gastos realizados por la Junta de Castilla y León y los entes dependientes derivados por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
Así lo confirmó hoy el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en la Comisión de las Cortes en la que hoy dio cuenta de varios informes relacionados con el Ayuntamiento de Burgos y como la rendición de cuentas de las entidades locales.
Lo cierto es que la semana pasada, la portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, se lo pidió al presidente al considerar necesario que estos gastos derivados de la compra de material o de cualquier otra adquisición o contratación de servicios o prestaciones.
Amilivia lo confirmó hoy en la Comisión de las Cortes donde explicó varios informes de fiscalización relacionados con las entidades locales en los años 2014, 2015 y 2016.
En el turno de intervención del PSOE, el procurador Luis Briones lamentó que del total de entidades que tenían obligación de rendir cuentas, solo lo hicieron la mitad de ellas, especialmente las entidades locales menores.
En este sentido, pidió a la Junta que ponga en marcha más medios técnicos, económicos y materiales para permitir que estas entidades locales menores puedan cumplir con la obligación de rendir cuentas.
Además, Briones destacó la importancia de incidir en la obligación de fiscalizar todos los acuerdos y expedientes de los ayuntamientos y diputaciones. En este punto, recordó que el Ayuntamiento de Salamanca, cuando estuvo dirigido por el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tuvo 33 acuerdos contrarios a reparos y 2016 y 18 entre 2014 y 2015, por valor de casi 46 millones de euros.