“Consideramos que transcurridos ya casi cuarenta años desde la aprobación de la Constitución Española y treinta y cinco desde el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, nuestra Comunidad, a través de sus Cortes, tiene el deber de brindar el máximo reconocimiento institucional y solemne a las víctimas de la dictadura franquista. La conmemoración del marco de derechos y libertades del que nos hemos dotado sólo puede sustentarse en el recuerdo a las personas que perdieron la vida o sufrieron daños personales y patrimoniales como consecuencia de la represión franquista”, explican desde el grupo morado.
En un comunicado, añaden: “La conservación y el fomento de la memoria democrática contribuyen a consolidar nuestro sistema de libertades. Los países democráticos de nuestro entorno han sabido desarrollar políticas públicas de memoria colectiva que miran al pasado para dignificar el recuerdo de las víctimas, entender el presente y garantizar en el futuro la solidez del sistema político democrático”.
Recuerdan que este sábado 27 de enero se celebra en todo el mundo el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto con actos de recuerdo y reconocimiento en distintas instituciones españolas.
“Resulta imprescindible que las instituciones públicas reconozcan y honren a las personas que sufrieron la violencia de la dictadura en sus múltiples formas y que lucharon por construir la democracia. Este reconocimiento conlleva la afirmación de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos en Castilla y León. La memoria histórica fortalece la identidad democrática de nuestra Comunidad”, agregan.
Además, recuerdan que Castilla y León, desde su creación como Comunidad Autónoma, ha asumido como valores esenciales la defensa de los derechos fundamentales, el pluralismo político y la convivencia pacífica, conjugando nuestra mejor tradición en defensa de las libertades con las aspiraciones democratizadoras y modernizadoras de nuestras gentes y pueblos. El régimen franquista resultante de la Guerra Civil fue condenado en 1946 por la Asamblea General de Naciones Unidas en sus primeras resoluciones debido a las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos.
“Por todo ello, las Cortes de Castilla y León, a través de su más alta distinción honorífica de la Asamblea Legislativa, debe reconocer y homenajear a las víctimas del franquismo en nuestra Comunidad”, zanjan.