La morosidad que sufren las empresas en sus facturas de ventas a plazo se disparó en Castilla y León en el primer trimestre del año y se situó en máximos desde 2020 como consecuencia de la inflación y el encarecimiento de la financiación que está llevando a los consumidores a tener dificultades para pagar.
La patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, incorporó en sus estudios un nuevo indicador, el índice de morosidad en ventas a plazo, para analizar la tendencia de las empresas de recurrir a acuerdos de aplazamiento del pago de facturas en sus relaciones comerciales.
Este indicador se situó en el comienzo del año en Castilla y León respecto a su base promedio entre 2014 y 2019 (100) en 33 puntos, un dato alejado de los peores momentos del histórico, pero que supone un aumento del 142,6 por ciento respecto al 13,6 de un año antes. Además, el valor, que lleva al alza cuatro trimestres consecutivos, es el máximo desde el 42,4 de 2019 entre enero y marzo.
En España, este índice también sufrió el cuarto incremento interanual seguido y se situó en 51,1 puntos, una cifra “no demasiado alta en comparación a los registros históricos”, pero “sí es el más elevado, junto con el dato del trimestre anterior, desde 2020”.
El informe de Cepyme también compara este índice sobre la media anual de las autonomías (100), donde Castilla y León se situó en el arranque del ejercicio en los 121 puntos, cuando un año antes estaba en 72,2. La Comunidad fue así en el primer trimestre del año, la quinta autonomía con mayor índice de morosidad, por detrás de Baleares (143), Murcia (141), Andalucía (140) y País Vasco (123,2).
La vicepresidente de CEOECyL, Ángela de Miguel, reconoció a Ical, que les preocupa la tendencia de crecimiento de la morosidad en la Comunidad, que “está evidentemente asociada a la inflación junto al mayor coste de la financiación, por la subida de los tipos de interés”.
En este sentido, trasladó que esta morosidad impacta sobre todo en las micropymes que son las que más problemas acumulan a la hora de poder financiarse y así abonar sus facturas, porque hay que tener en cuenta que “esto es una cadena de valor” y el inicio de un retraso en el pago “tiene un efecto dominó” y “acabará impactando en más empresas”. “Es una cadena, dejan de paga y tu no puedes pagar y al último le puede llevara al cierre”, dibujó.
La representante patronal deseó que “la situación mejore, pero en el contexto en el que estamos y la coyuntura económica hacen pensar que irá aumentado la morosidad” y exigió medidas de apoyo, sobre todo a las de menor tamaño, que faciliten su financiación.
Asimismo, apostó por políticas a medio y largo plazo para que las empresas se consoliden ganando en dimensión, lo que les permitirá hacer frente a situaciones como la actual con mayor facilidad. “A la gran empresas le afecta pero no de manera importante, pero para la micropymes la situación es compleja para acudir a la financiación”, resumió.
Periodo medio de pago
Por otra parte, el informe publicado por Cepyme precisa que las actividades empresariales reducen cada vez más los periodos de pago frente al aumento de los precios por la inflación para evitar que se devalúen y “paliar el aumento del coste financiero de la deuda comercial”. “Hay una gestión prudente de la tesorería de las empresas azuzada por el aumento de los precios”, afirma un informe de Cepyme recogido por Ical, donde también se apunta a las restricciones del crédito y los mayores gastos financieros.
En este sentido, el periodo medio de pago en Castilla y León fue el más bajo entre las autonomías en el primer trimestre de 2023, con 71,1 días, muy por debajo de la media nacional de 82,1 días. Las autonomías con peores registros fueron Madrid, 94,9 días, y Murcia, 94,5. En la parte baja de la tabla acompañaron a la Comunidad Cantabria, 71,6 días, y Aragón, 71,7. El periodo medio de pago en la Comunidad, descendió durante el último año desde los 76,7 días contabilizados en el mismo periodo de 2021.