Una médica residente del Hospital de León será juzgada el próximo mes de abril por un presunto delito de homicidio imprudente por no diagnosticar un accidente cerebro vascular de una paciente y darle el alta. La mujer, de 78 años falleció a los pocos días.
El Ministerio Fiscal solicita para ella una pena de dos años y seis meses de cárcel, la inhabilitación para ejercer como médico durante cinco años así como una indemnización de casi 100.000 euros para sus familiares.
Según las calificaciones provisionales de la Fiscalía a las que ha tenido acceso este periódico, los hechos se remontan al 15 de febrero de 2011 cuando una mujer, de 78 años, llegó al Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial de León y fue atendida por la acusada, que en ese momento ejercía de médico de residente de primer grado.
Así, según el mismo auto, la facultativa "con desprecio absoluto a sus obligaciones de prevención y previsión y asumiendo el riesgo que ello ocasionaba" no comprobó los informes médicos previos de la paciente, ni su historial (había sufrido previamente un accidente cerebro vascular) y tampoco las anotaciones de su médico de familia advirtiendo que la mujer podría sufrir un accidente cerebro vascular. Además hizo "caso omiso" a la información facilitada por sus familiares.
La médica le efectuó un electrocardiograma, una radiografía de rodilla y una analítica, pero no llevó a cabo ninguna prueba complementaria para descartar un proceso de accidente cerebro vascular "vulnerando la aplicación de los protocolos científicos diagnósticos y terapéuticos" diagnosticando a la mujer de una artrosis de rodilla y dándole el alta, añade el Ministerio Público.
La mujer sufrió un grave empeoramiento días después y, tras ser atendida por un médico de atención primaria, fue derivada a la UCI del Hospital de León donde falleció días después como consecuencia de un accidente cerebro vascular.
Para la Fiscalía los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional por lo que solicita para la acusada una pena de dos años y seis meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de médico por un periodo de cinco años.
Además, una indemnización de 100.000 euros para los familiares de la fallecida, de la que es responsable subsidiaria la compañía aseguradora Zurich y subsidiariamente de ésta el Sacyl.
La defensa pide su absolución
La defensa de la acusada solicita la nulidad de actuaciones por la ausencia de documentación escrita que recoja el contenido de las declaraciones tomadas a investigados y testigos.
Además, añade que la procesada no tuvo acceso a la información del médico de atención primaria que alertaba de un posible accidente cerebro vascular porque nadie le facilitó la hoja de traslado del 112 que derivó a la paciente. Agrega que la única referencia que tuvo de la situación de la paciente era que refería que no podía mover una pierna.
La defensa también refiere también a la escasa experiencia profesional de la doctora y afirma que los hechos no constituyen ningún delito por lo que reclama su libre absolución.
El juicio se celebrará los próximos días 25 y 26 de abril en el Juzgado de lo Penal 1 de León.
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Está acusada de no efectuar las pruebas necesarias para diagnosticar a una paciente, de 78 años, y darle el alta. La mujer murió pocos días después.
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