La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, abrirá esta misma semana el plazo de solicitud del bono digital que permitirá acceder a conexiones de alta velocidad a personas o unidades familiares consideradas en situación de vulnerabilidad.
Más en concreto, esta convocatoria está dirigida a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el objetivo de lograr que este colectivo se dote de conexiones de banda ancha fija en sus domicilios o mejore la velocidad de las mismas hasta un mínimo de 30 Megabits por segundo (Mbps).
Para llevar a cabo esta iniciativa, financiada con Fondos Europeos NEXT Generation, se cuenta con un presupuesto total de 790.000 euros, que se repartirán en bonos de 240 euros anuales por beneficiario para reducir en 20 euros al mes el coste total del servicio, IVA incluido, que deberá ser prestado, obligatoriamente, por aquellas operadoras que se han inscrito en el registro de colaboradoras hasta el pasado 14 de junio, que son O2 y Lowi.
Los que sean finalmente beneficiarios de este bono digital tendrán un mes, a contar desde la fecha de notificación de la resolución positiva –que deberá llegarles antes de que se cumplan los seis meses de su presentación– para contratar el servicio o mejorar las prestaciones del existente y mantenerlo como mínimo durante un año.
Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial como telemática, en la sede electrónica de la Administración Autonómica, hasta el próximo 15 de septiembre y deberán ir acompañadas del certificado que acredite la condición de perceptor de la RGC o el IMV, el de empadronamiento y una copia del DNI o el NIE, siempre que no se desee que la Junta lo compruebe de forma automática.