La Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha impuesto una multa de 60.000 euros a la empresa responsable de la gestión de la residencia de mayores de Babilafuente, "como responsable de la comisión de una infracción administrativa muy grave".
La sanción, a la que el Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos Pérez, ha dado publicidad, recogiéndose la resolución del pasado 14 de diciembre en el Boletín Oficial de Castilla y León, ha sido declarado "firme en vía administrativa".
La sanción, según se detalla, es consecuencia de la "infracción muy grave tipificada" en el artículo 62 de la Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León. En concreto, se alude a "incumplir los requisitos relativos a las prestaciones básicas, o no disponer de los medios materiales y humanos necesarios exigidos por la normativa de aplicación, con la consecuencia de someter a los usuarios a una situación de abandono".
Tras la controversia generada en torno a las condiciones de la residencia, la gerente territorial en Salamanca de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Isabel Fernández, adelantó a los medios la existencia de, al menos, cinco expedientes sancionadores.
Tras destacar que los casos son una "excepción" y desvincular la actuación "como consecuencia" del programa ya que llevan detrás del asunto "desde hace tiempo", y siguen encima, Isabel Fernández desveló la apertura de dos expedientes sancionadores en el caso de Babilafuente, uno de ellos por falta grave y el otro por falta muy grave, con la sanción de 60.000 euros que ahora ha sido declarada firme en vía administrativa.
En el caso de Castellanos de Moriscos, adelantó la tramitación de "tres expedientes sancionadores graves, por 15.000 euros".