Uno de los compromisos fijados por el vicepresidente Igea, como consejero responsable en materia de Transparencia, es agilizar al máximo las reformas que contribuyan a que los castellanos y leoneses dispongan de un mayor y mejor acceso a la información pública correspondiente a la Junta de Castilla y León, a eliminar barreras.
En la actualidad, más del 50 % de las solicitudes de acceso a la información pública se presentan en papel en los registros presenciales existentes, cifra que en otras administraciones se aproxima al 10 % Por ello, esta consejería está impulsando cambios para, como el vicepresidente Igea indicó en su comparencencia en las Cortes, “que todo aquel que quiera saber, pueda hacerlo, con independencia de sus medios y recursos”. En ese sentido, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ultima un nuevo avance y habilitará en el mes de octubre un nuevo formulario web para que cualquier ciudadano realice sus solicitudes de información; y además, sin que sea requisito obligatorio disponer de certificado digital o DNI electrónico.
Otras medidas en favor de un mejor derecho de acceso a la información pública
Entre los compromisos adquiridos por parte de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se encuentra el desarrollo de una aplicación de gestión de expedientes de acceso a la información pública que facilite la coordinación y supervisión de este procedimiento, la obtención de datos estadísticos objetivos y fiables relacionados con el ejercicio de este derecho, así como la elaboración de memorias de gestión. Con este proyecto de la consejería, las solicitudes de acceso a la información pública presentadas presencial o electrónicamente se gestionarán en esta aplicación. Y además, según se ha comprometido para legislatura recién iniciada, la adopción de resoluciones denegatorias y de inadmisión se reducirá al máximo y serán publicadas para su conocimiento público.
La coordinación de todos los canales de entrada de posibles solicitudes de acceso a la información pública se reforzará para disponer de un mayor control y tramitación, lo que redundará también en mayores garantías para los ciudadanos que contactar con la Administración autonómica por cauces tales como el Servicio de Atención al Ciudadano 012, formularios y buzones de correo electrónico. Para cumplir este propósito, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior mejorará la formación y la sensibilización de los empleados públicos. En palabras del vicepresidente Igea, cuando avanzó sus objetivos y compromisos de legislatura, “los empleados públicos deben tener bien presente que la protección de este derecho es vital para el fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestras instituciones”.
Día Internacional del Derecho de acceso universal a la información
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO) aprobó en noviembre de 2015 que se oficializase la conmemoración del Día Internacional del Derecho de acceso universal a la información, al considerar que esta cuestión resulta esencial para el funcionamiento democrático de las sociedades y para el bienestar de toda persona. Como en el propio documento de proclamación se recogió, “la libertad de información o el derecho a la información son parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión”, algo que se recoge como derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; en él se establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión engloba el derecho de “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El origen de esta cita anual se halla en el encuentro que defensores de la libertad de expresión procedentes de 15 países mantuvieron en la ciudad búlgara de Sofía. Del 26 al 28 de septiembre celebraron una conferencia en la que los participantes promovieron la transparencia y la necesidad de implicación por parte de los gobiernos. En la clausura de aquel evento se acordó que el día de la clausura, el 28 de septiembre, debería ser declarado Día del derecho a saber.