El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, el requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo por el que se solicita al Consejo de Ministros el pago de las cantidades debidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA.
El requerimiento, cuya solicitud fue aprobada el 20 de febrero por el Consejo de Gobierno de la Junta, ya fue remitido en febrero por el titular de Economía y Hacienda al Consejo de Ministros. Desde entonces, la Junta no ha obtenido respuesta alguna al respecto, por lo que ahora da un paso más previo a la vía judicial.
En la demanda, el consejero de Economía y Hacienda solicita al Gobierno que se paguen a la Comunidad las cantidades reclamadas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros.
Asimismo, se reclama el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que asciende a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.
Además, la Junta también reclama que se pague a Castilla y León los intereses legales correspondientes a las cantidades reclamadas.
De no atenderse la petición de la Junta, la Administración de la Comunidad abriría el camino de la vía judicial e iniciaría un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por las cantidades reclamadas.
La pérdida de ingresos, debida a la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII) por el Real Decreto 596/2016, correspondiente al IVA del mes de diciembre de 2017, ha supuesto para la Comunidad Autónoma de Castilla y León una perdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación.