La Consejería de Economía y Hacienda ha remitido al Consejo Económico y Social (CES) para su informe el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña al presupuesto.
El documento, que incluye nuevas rebajas tributarias, mantiene la apuesta de la Junta de Castilla y León por una política fiscal moderada y justa, con bajada de impuestos para reducir la carga fiscal de familias, jóvenes, autónomos y empresas. De igual modo, con estas medidas se incentiva el consumo y la inversión y se favorecen la actividad económica y la creación de empleo.
Asimismo, la Junta apuesta por una fiscalidad más favorable para el medio rural, al objeto de atraer y fijar población en la Comunidad.
El nuevo paquete de rebajas tributarias que será aprobado por la Junta incluye varias ventajas. La primera, un nuevo beneficio fiscal para favorecer la actividad industrial mediante la reducción de las cargas fiscales a autónomos y empresas.
Esta medida consiste en reducir a la mitad el pago por las operaciones que se formalicen en escritura pública en el medio urbano y rural sobre suelo industrial y terciario (agrupación, agregación, segregación y división de parcelas) en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
La segunda rebaja se centra en la mejora de los beneficios fiscales aprobados el pasado ejercicio para favorecer la continuidad de las explotaciones agrarias, en relación con la bonificación del 100 % en la cuota del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas por arrendamiento de fincas rústicas. Con esta medida se extiende la rebaja fiscal de los agricultores profesionales a todos los agricultores en situación de alta en la Seguridad Social y de las explotaciones agrarias prioritarias a todo tipo de explotaciones.
Por último, respecto a la mejora de los beneficios fiscales en apoyo a la familia y al medio rural, se amplía la deducción incrementada hasta el 40 % por nacimiento o adopción en el medio rural, para que los residentes en entidades locales menores de 5.000 habitantes pertenecientes a municipios de más de 5.000 habitantes -casi 130 entidades locales menores- también se beneficien de ella.
Cuarta rebaja tributaria
Se trata de la cuarta rebaja tributaria llevada a cabo en los últimos 3 años que se suma a las numerosas acciones que ha puesto en marcha la Junta dentro de los compromisos de su política fiscal.
La primera de las medidas fue la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobada en mayo de 2021.
En segundo lugar, en diciembre de 2022, se aprobó la Ley de Rebajas Tributarias que, entre otros beneficios, incluye la rebaja del 9,5 % al 9 % en el tipo del primer tramo del IRPF de la tarifa autonómica; la mejora hasta el 40 % de la deducción incrementada por nacimiento o adopción en el medio rural; y se elimina el pago de la tasa general por licencias de caza y pesca.
Además, se aplica una reducción del tipo en la transmisión de inmuebles para sede social o centros de negocios en el medio rural: bajando al 2 % frente al general del 8 %
Asimismo, se elimina totalmente el pago del impuesto por el arrendamiento de fincas rústicas y se rebaja a la mitad el pago del impuesto aplicable a la transmisión de explotaciones agrarias.
El tercer paquete de medidas se incluye en la Ley de Medidas Tributarias de Castilla y León -aprobado en febrero de 2023-, que incorpora una mejora del tratamiento fiscal a familias numerosas, con un incremento del 20 % en la deducción; y el incremento hasta 1.500 euros anuales de la deducción por la adquisición de los jóvenes de su vivienda habitual en el medio rural.
Así, Castilla y León es la comunidad autónoma con los mejores beneficios fiscales en el medio rural para los jóvenes respecto al alquiler y la adquisición de vivienda habitual.
De igual modo, se mantiene la congelación de tasas que viene aplicándose desde 2014, para no trasladar la inflación a los ciudadanos de Castilla y León.
Asimismo, además de las medidas tributarias, se recogen otras relativas a la inclusión de la categoría de investigador en ciencias de la salud; sobre el régimen jurídico de bienes comunales de entidades locales; y sobre políticas de fomento de la Comunidad para impulsar medidas de dinamización demográfica, social y económica en los pequeños municipios, entre otras.