El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que los informes técnicos y jurídicos de los planes de caza del lobo, elaborados por funcionarios “muy rigurosos” de la Comunidad, son “intachables” y denunció que los tribunales “han sido engañados” por el Gobierno de España, puesto que sus decisiones se basan en un estudio que indicaba que su estado de conservación era desfavorable, algo que no comparte la Junta.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, Suárez-Quiñones se refirió de nuevo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló el Plan de Aprovechamientos Comarcales del lobo en terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León. De nuevo, reiteró que no es firme, por lo que se reservan la posibilidad de recurrir en casación, y que no tiene eficacia, pues el lobo ya no se puede cazar desde que fue calificado como especie protegida en todo el país.
De esta forma, el titular de Medio Ambiente afirmó que la Junta, cuando controlaba el lobo al norte del Duero, lo hacía a través de resoluciones “jurídicamente legitimadas”, porque cumplían con la Directiva Hábitat, así como técnicamente, porque se basaban en los informes de los funcionarios de la Comunidad, que analizaban la población del lobo por comarca y si el ejemplar a abatir ponía o no en riesgo el crecimiento de ese grupo.
Igualmente, el consejero defendió que la situación “real” de esta especie en Castilla y León y España no era desfavorable, como afirmaba el Gobierno en el informe que cada seis años remite a la Comisión Europea y que, en su opinión, ha dado lugar a las sentencias contrarias a las acciones de la Junta.
Finalmente, celebró que ahora el Gobierno sí haya contado con las comunidades autónomas para elaborar el nuevo informe que tiene que remitir a Europa, por lo que avanzó que a finales de noviembre publicarán los datos recabados por Castilla y León y se remitirán, junto al resto de comunidades, al Gobierno. A su juicio, demostrará que el estado de conservación del lobo es “favorable”, lo que está provocando daños que están “lastrando” y “diezmando” la cabaña ganadera y el medio rural de la Comunidad.