La Junta de Castilla y León destinará 300 millones de euros en el próximo lustro para apoyar la descarbonización de las empresas públicas y privadas de la Comunidad, dentro de una inversión general, entre la esfera pública y la privada, que calcula en torno a los 1.000 millones de euros en el conjunto de Castilla y León.
Así lo aseguró el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su participación en la jornada ‘La descarbonización en sectores estratégicos de Castilla y León’, organizada en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad por parte de los clúster AEICE, FaCyL y Vitartis como representantes de “tres grandes pilares de la economía y el futuro de Castilla y León”: el hábitat, la movilidad y la automoción, y la agroalimentación.
Y es que, como apuntó Suárez-Quiñones, “la sostenibilidad no es una alternativa entre varias, no es una opción”, sino que aparece como una obligación para toda la sociedad, incluidas sus empresas, dado que “al margen de la sostenibilidad, no hay futuro para la competitividad empresarial y para la subsistencia de las empresas”.
“No hay futuro porque el mercado camina en ese sentido”, continuó explicando el consejero de Medio Ambiente, recordando que “las demandas de los consumidores exigen productos verdes” y las leyes europeas exigen no solo la descarbonización total de los procesos de producción en 2050, sino reducir las emisiones de gases de efecto invernadero “un 55 por ciento respecto a 1990”.
Por ello, “se introduce la necesidad de acelerar el paso, tanto para lo público como para lo privado”, tanto porque la fiscalidad “va a ir para castigar a las empresas que no se descarbonicen” como porque el propio mercado “va a penalizar a las empresas que no tengan energías verdes”, por lo que las compañías que “crean que sin una adecuada política de eficiencia energética y reducción de emisiones van a sobrevivir, están equivocadas: no van a sobrevivir”.
Asimismo, aseguró que, en este proceso, la Junta de Castilla y León “no es una administración contemplativa, que se limita a aprobar y dictar estrategias”, sino que es un actor que “interviene, participando por sí misma o apoyando inversiones en otras empresas” para desarrollar procesos de producción de hidrógeno verde, biogas, biometanol, metano y “todo tipo de alternativas verdes a la combustión y a los combustibles fósiles”.
Es en ese ámbito en el que situó la inversión prevista, para los próximos cinco años, de 300 millones de euros, que se incardinan en un montante global aproximado de 1.000 millones de euros, entre el ámbito privado y el público, para lograr la descarbonización. “No hablamos de futuro, ni de opciones, sino de presente y de algo en lo que todos tenemos que estar ya”, concluyó.
Sectores estratégicos
La jornada tuvo como sede de acogida el CES de Castilla y León, cuyo presidente, Enrique Cabero, mostró su satisfacción porque los organizadores escogiesen el edificio sito en la avenida de Salamanca para celebrar “una jornada tan relevante y oportuna” con la que tratar “un tema fundamental: la descarbonización en los sectores estratégicos de la Comunidad”.
Materia que, recordó, ya recoge el CES en su informe anual y “va cobrando mayor relevancia” porque “no se reflexiona sobre el futuro, sino sobre lo que ya está sobre la mesa” en sectores “clave” de la Comunidad y que tienen “grandes potencialidades” en la descarbonización como demuestra que Castilla y León es “líder en la utilización de fuentes de energías renovables”.
“Pero no solo se hacen bien las cosas por el sector público, sino que tenemos una nueva ocasión de desarrollar actividad empresarial, económico-productiva, y de generar empleo de calidad” en la Comunidad, sentenció Cabero, para quien hay que “aprovechar esta ocasión” que “no es una opción, sino una obligación” y que permitirá “cambiar el modelo” hacia un ámbito “descarbonizado”.
Por último, y en representación de los tres clúster y la asociación de empresas de eficiencia energética participantes en la jornada, el presidente de AEICE, Ricardo Fortuoso, destacó la unión de “sectores estratégicos” para Castilla y León como el hábitat, la movilidad y la automoción, y la agroalimentación para “abordar un tema tan trascendente y complejo” como la descarbonización, que “no es solo cumplir una serie de normativas o una responsabilidad ambiental”, sino que supone “transitar y transformar nuestras empresas para que puedan mantener o incluso liderar la competitividad y ser atractivas a la atracción de inversión y talento”.
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