La economía social constituye un modelo empresarial en el que los fines sociales se anteponen a la cuenta de resultados, y se reivindica como pieza esencial para la cohesión territorial y la fijación de población, ya que este tipo de empresas, como sucede con las cooperativas, tienen un fuerte arraigo en el medio rural. Por ello, la Junta de Castilla y León reconoce cada año la labor de estas entidades, que también son cauce de integración comunitaria de las personas con discapacidad, a través de los ‘Premios al Cooperativismo y la Economía Social’, que ya alcanzan la decimoquinta edición.
Estos galardones pretenden reconocer aquellas actuaciones empresariales y personales que destaquen en el ámbito del cooperativismo y la economía social por su trayectoria, el esfuerzo inversor, la creación y consolidación del empleo, su contribución al desarrollo local y a la igualdad de oportunidades o la innovación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Blanco, ha inaugurado el acto, celebrado hoy en las dependencias de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde se ha hecho entrega de los galardones en cuatro categorías: mejor empresa cooperativa a Porsiete; mejor iniciativa cooperativa a Bodegas la Milagrosa; mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social al el Centro Especial de Empleo Ensuma, de la Fundación Intras; y finalmente en la categoría de contribución al desarrollo del cooperativismo y la economía social, a Jesús Mazariegos, quien fuera director gerente de Plena Inclusión Castilla y León y director general de Fundación Personas.
Durante su intervención, Isabel Blanco, además de felicitar a los premiados, ha expresado que las entidades de la economía social de Castilla y León demuestran que es posible generar riqueza sin renunciar a valores como la igualdad, la sostenibilidad o la justicia social, y ha destacado que estas fórmulas empresariales son exitosas en sectores muy distintos, como el agroalimentario, los servicios sociales —con mención especial a la integración de colectivos vulnerables— o la educación. De hecho, en la Comunidad hay 257 centros especiales de empleo con 368 centros de trabajo y 19 empresas de inserción, que emplean a más de 6.300 personas con discapacidad y a otras 211 de otros colectivos. A ellos hay que sumar 2.202 cooperativas y 1.395 sociedades laborales.
La vicepresidenta ha señalado el gran papel de estas entidades tanto en la cohesión territorial de Castilla y León y su arraigo en los municipios —el 62,7 % de estas empresas se ubican en el medio rural y poblaciones intermedias, así como el 60 % de sus trabajadores— como en la cohesión social, con unas cuotas de integración mucho más elevadas en todos los ámbitos: más de un 15 % de sus trabajadores tienen discapacidad, hay un 12 % más de mujeres en puestos directivos, la brecha salarial entre sexos es un 10 % inferior al resto de formas jurídicas empresariales y el empleo es más estable.
Durante su intervención, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado que el plan estratégico específico para las personas con discapacidad para el periodo 2024-2027, impulsado por su departamento y recientemente aprobado en Consejo de Gobierno, destina buena parte de su presupuesto, 418 millones de euros, al área de atención en la etapa adulta, en la que se incluyen los itinerarios sociolaborales dirigidos a la integración de este colectivo en el mercado de trabajo.
Las partidas específicas para esto se han incrementado un 80 %, lo que supone una apuesta importante por el fomento de la igualdad de oportunidades a través de la integración laboral. Estos planes de empleo van de la mano con el desarrollo del proyecto de vida de estas personas puesto que, además de las acciones de acompañamiento para el acceso al mercado de trabajo y el mantenimiento del empleo, también fomenta que las personas con discapacidad puedan acceder a alojarse en viviendas y vivir en comunidad. Este incremento de la cuantía destinada a la inserción laboral implicará el aumento de un 30 % de los participantes en los programas y se estima que unas 11.500 personas obtengan un puesto de trabajo, 2.600 más que en el anterior plan.
El plan para personas con discapacidad viene a reforzar y a complementar el Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social aprobado por la Junta para el periodo 2023-2025, con el objetivo de promover el emprendimiento colectivo bajo estas fórmulas, favorecer la incorporación laboral de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social y divulgar sus fortalezas y ventajas. Con todo esto, Isabel Blanco ha reivindicado la economía social y el cooperativismo como motor de la economía del futuro de la Comunidad.
El Ejecutivo autonómico ha dotado con 113 millones de euros el Plan destinado al fomento de la economía social, que se articula en 27 medidas, como son las nuevas ayudas al sector para proteger el empleo de los colectivos vulnerables, la financiación de inversiones que generen puestos de trabajo de estas características, el impulso del emprendimiento colectivo y las campañas de información y sensibilización. Bajo este paraguas se creó, junto a la Universidad de Valladolid, la primera Cátedra de Cooperativismo y Economía Social en Castilla y León, para abordar los retos del sector a través de estudios y estadísticas especializados, como sucede con su informe ‘Impacto socioeconómico de los valores y principios de la economía social en Castilla y León’.
Más apoyo de la Junta a la economía social
Como compromiso fundamental del presidente Mañueco, la Junta destina una importante pléyade de recursos orientados a dinamizar el sector y, sobre todo, a integrar a los colectivos más vulnerables en el mercado de trabajo. Por ejemplo, las líneas de subvención específicas destinadas a centros especiales de empleo, mediante las que se financian parcialmente los costes salariales de las personas con discapacidad, los proyectos de inversión que generen este tipo de empleo y las unidades de apoyo a la actividad profesional.
Además, el Gobierno autonómico incentiva la empleabilidad de este grupo de personas en todo tipo de empresas mediante ayudas a la contratación indefinida y el tránsito desde los centros especiales de empleo al mercado laboral ordinario. También otorga ayudas a las entidades locales para la promoción del empleo público de las personas con discapacidad —6,6 millones para 1.015 municipios—.
No obstante, una de las medidas por la que más ha apostado y apuesta la Junta de Castilla y León son los itinerarios personalizados de empleo, para allanar el camino de estos colectivos al mercado laboral. De los 4.697 participantes el pasado año, 2.475 encontraron un trabajo tanto en centros especiales como en la empresa ordinaria o en las administraciones públicas. Unos itinerarios que van ligados a la financiación de viviendas para apoyar la vida independiente de las personas con discapacidad, de las cuales se han beneficiado 257 personas.
Por último, es importante resaltar que la figura del asistente personal —de la cual Castilla y León es la segunda en número de prestaciones—, de la cual hacen uso muchas de estas personas, también constituye un nicho de empleo para este colectivo a través de una formación adecuada.