La Consejería de Industria, Comercio y Empleo dedicará 80 millones de euros en el año 2023 a ayudas a la formación de desempleados y al Programa Mixto de Formación y Empleo, dirigido a parados e inscritos como demandantes de empleo. Entre ambas iniciativas se estima que se beneficiará a casi 15.000 personas. Cada uno de ellos contará con más de 39 millones de inversión.
La primera medida prevé una subvención de nueve euros por alumnos y hora en formación presencial; seis euros si es teleformación y tres euros por prácticas. Se prevé llegar a 11.000 trabajadores. Por su parte, el Mixto pretende proporcionar una cualificación y adquisición de competencias profesionales, así como una "experiencia laboral a las personas desempleadas". Se calcula entre 1,19 euros por hora y participante y 4,28, con alrededor de 1.283,9 euros por persona y mes. Alcanzará a 3.271 trabajadores.
La partida forma parte del Plan de Orientación, Formación e Inserción, que aunque tiene horizonte 2025, por el momento han trascendido los presupuestos de las diferentes medidas para el presente ejercicio, de un proyecto que se encuentra a información pública. En total, este plan contará en 2023 con al menos 163,8 millones y llegará a una cifra que podría rondar los 91.000 trabajadores, según el proyecto al que tuvo acceso la Agencia Ical, más otros 150.000 que podrían recibir algún tipo de información y diagnóstico de situación.
Se trata de un "instrumento estratégico" que ha de servir para que la economía de Castilla y León "crezca en las mejores condiciones posibles". Por eso, se ha diseñado, según el departamento que dirige Mariano Veganzones, en base al "objetivo prioritario" del gobierno de coalición: "la creación de empleo y la lucha contra la despoblación". También expone que los puestos de trabajo deben ser "de calidad y competitivos" y ha de llegar, de forma particular, a aquellos colectivos que "cuentan con especiales dificultades, para los que se destinarán medidas de apoyo específicas que contribuyan a mejorar su empleabilidad y su inserción laboral efectiva".
"El inicio de la XI Legislatura parece el momento oportuno para desplegar un nuevo rumbo en las políticas activas de empleo", sentencia el documento, que prosigue el Plan de Orientación, Formación e Inserción 2023-2025 constituye un "importante elemento de la planificación estratégica dentro de la Consejería y tiene la finalidad de contribuir al mantenimiento y la creación de empleo".
En concreto, el Acuerdo de Legislatura del PP y Vox establece entre sus ejes de gobierno 32 actuaciones, entre las que se incluyen dos destinadas específicamente al empleo. Por un lado, "priorizar la creación de empleo estable y de calidad como garantía de la mejor política social", así como el retorno del talento a la Comunidad. Por otro, "impulsar" la modernización y fortalecimiento del tejido económico, con especial incidencia en el emprendimiento, en las pymes, en las empresas familiares y en los autónomos.
Colectivos prioritarios
Entre los colectivos prioritarios del plan se encuentran los jóvenes desempleados, los parados mayores de 45 años y los de larga duración. También se implementan programas de apoyo a la contratación mediante el impulso de medidas que promuevan la inserción de mujeres en paro y personas con discapacidad, si bien el plan prevé llegar a otros colectivos como las "víctimas de violencia en el ámbito familiar", las personas que cuentan con beneficios o prestaciones sociales, como son, entre otros, las personas beneficiarias de protección internacional, así como los trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración, "con el objeto de poder revertir una situación de vulnerabilidad laboral y contribuir con ello al asentamiento de población y a la mejora en la prestación de servicios".
Orientados por estos objetivos se incardinará un conjunto de medidas de orientación, formación e inserción que estarán encuadradas dentro de siete ejes de actuación: tutorización y asesoramiento individualizado; colocación, intermediación y prospección; fomento del empleo estable por cuenta ajena; impulso de la contratación temporal; formación para el empleo de trabajadores desempleados; formación para el empleo de ocupados; aquella impartida por las empresas (FEMP y FORTRA).
Más allá de los dos programas que copan la mitad de la inversión, el de ayudas a la formación de desempleados y al Programa Mixto de Formación y Empleo, el Plan contempla, entre otros, el fomento de la contratación indefinida ordinaria para trabajadores por cuenta ajena, que en 2023 repartirá 10,2 millones para 1.866 beneficiarios; el RECUEM (Recuperación del Empleo para personas que provengan de ERE de extinción), con 1,3 millones; o el diseño de la oferta dirigida prioritariamente a desempleados a través de los centros propios de la Junta, con casi ocho millones de euros y la previsión de beneficiar a más de 3.000 personas.
También recoge subvenciones directas por valor de 6,7 millones para 13.000 trabajadores desempleados y ocupados, vinculadas a cualificaciones profesionales en sectores estratétgicos para entidades de formación, empresas y entidades sin ánimo de lucro; otros tres millones para becas dirigidas a desempleados que elijan formaciones del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales; y otros 20 millones para la formación de trabajadores ocupados, con el que se pretende llegar a más de 34.000 personas.
Antecedentes
En estos 4 últimos años (2019, 2020, 2021 y 2022) se han destinado a las políticas de incentivos al empleo más de 443,9 millones, con los que se preveía realizar alrededor de 40.500 contrataciones y el establecimiento por cuenta propia de más de 3.700 trabajadores. Según la Consejería se han realizado "importantes adaptaciones" debidas, sobre todo, a las consecuencias derivadas de la pandemia COVID-19, mediante la aprobación de medidas específicas para trabajadores y sectores más directamente afectados. En estos cuatro ejercicios ha sido constante el incremento presupuestario, pasando de los 86,8 millones convocados en 2019 a los 136,2 en 2022, con un incremento superior al 56 por ciento.
En el capítulo de antecedentes, la Consejería esgrime que las políticas de fomento de las acciones formativas se han centrado en el desarrollo de programas específicos para trabajadores desempleados y para ocupados, con una programación anual en torno a los 65-70 millones de euros, excepto en 2022, donde se han incrementado los fondos convocados hasta 115,8 millones, duplicando casi las cuantías del ejercicio anterior.
En consonancia con las demandas del mercado laboral se han introducido en estos años novedades tales como la formación en ciberseguridad, la vinculada a los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía (formación 4.0), se ha reforzado la realización de prácticas no laborales en empresas y se han aprobado nuevas iniciativas vinculadas a los fondos del Mecanismo de Recuperación. En total se han movilizado en los cuatro años 321 millones, con la previsión de incrementar la empleabilidad de 270.000 trabajadores.