El techo de gasto se obtiene de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el año que viene –10.018,62 millones de euros, el 7,16 % más que en el presupuesto de 2018– y de los recursos asociados al objetivo de déficit, que está fijado en el 0,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional y equivale a 124,10 millones. A la cantidad obtenida hay que añadirle 24,87 millones de euros como consecuencia de los ajustes de Contabilidad Nacional.
El resultado de la operación es el tope de 10.167,59 millones de euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno de Castilla y León durante el año que viene, 590,12 millones más que el previsto en el presupuesto de 2018.
Es importante destacar que el techo de 10.167,59 millones acordado esta mañana es coherente con el escenario macroeconómico proyectado para el próximo ejercicio, donde el Producto Interior Bruto (PIB), la tasa de paro y la ocupación presentan una evolución más positiva. Asimismo, constituye el límite de gasto no financiero más elevado desde que el Ejecutivo autonómico se sirviera por primera vez de esta magnitud para confeccionar los Presupuestos de la Comunidad del ejercicio 2012.
A este respecto, cabe recordar que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala en el artículo 30 que el Estado, las autonomías y las corporaciones locales están obligadas a aprobar cada año un techo de gasto no financiero; mandato que también recoge para Castilla y León la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que es de aplicación a todos los entes del sector público autonómico.
La normativa nacional impone tres condiciones a las comunidades para calcular el límite de gasto no financiero. La primera es que se asegure el cumplimiento del objetivo de déficit. La segunda, que el endeudamiento total previsto de la Comunidad se ajuste al objetivo de deuda. Y la última, que dicha cifra sea acorde con la regla de gasto.
En este sentido, el Consejo de Ministros celebrado el 11 de febrero de 2020 acordó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, en 2020, para el conjunto de las Administraciones Públicas, fijando para las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,2 % del PIB, y de deuda pública del 22,8 % del PIB. Asimismo, establece que la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española es del 2,9 %.
Avance en el proceso de elaboración de los Presupuestos
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que la asignación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se hará de forma individualizada por el Gobierno a cada una de las comunidades autónomas.
En el momento actual, dicha asignación individual, no se ha producido. Sin embargo, la situación de prórroga presupuestaria que se mantiene por segundo año consecutivo, aconseja iniciar cuanto antes los pasos que permitan la presentación del presupuesto de la Comunidad, bajo el supuesto de que el Gobierno de la Nación asigne tales objetivos a la Comunidad de Castilla y León en la media del conjunto de comunidades autónomas
La aprobación del techo de gasto supone asentar la base para iniciar el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2020.
La Junta aprueba el techo de gasto no financiero para 2020, que aumenta el 6,16 % hasta alcanzar los 10.167,59 millones de euros
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el límite de gasto no financiero para el próximo año, que se sitúa en 10.167,59 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 6,16 % respecto al del último presupuesto aprobado, el de 2018, y representa el techo más alto desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud que sirve de referencia para la elaboración de los Presupuestos. La cifra se ha computado sobre la previsión de un crecimiento económico del 1,6 %, una tasa de paro que se reduce hasta el 10,8 % y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 0,8 %.
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