En el inicio de la presente legislatura se considera necesario impulsar los nuevos espacios territoriales de la comunidad autónoma para lograr unas zonificaciones de los servicios autonómicos más acordes con el territorio y la población receptora de ellos, logrando unos espacios funcionales que permitan una mejora sustancial tanto en la planificación, programación y ejecución de las políticas públicas al estar planificadas bajo el criterio de la territorialidad. Junto a ello, existen dos cuestiones adicionales que justifican la modificación que se plantea, formalmente desde hoy. Por un lado, el impulso de las mancomunidades de interés general rural como fórmulas de colaboración intermunicipal para solventar los problemas que genera el inframunicipalismo de Castilla y León y poder prestar a los ciudadanos unos servicios públicos de carácter local de calidad; por otro, el impulso de las mancomunidades de interés general urbano, como fórmulas de colaboración intermunicipal, para poder prestar a los ciudadanos unos servicios públicos de carácter local de calidad en los ámbitos urbanos, aprovechando las áreas de influencia de los grandes municipios.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se fija una serie de objetivos concretos con esta iniciativa normativa, ya anunciada y prevista en el calendario anual normativo aprobado por la Junta de Castilla y León para el año 2020. Las finalidades de esta reforma son siete: adaptar la tipología de espacios funcionales para la ordenación del territorio a las áreas funcionales, ya sean rurales o urbanas; garantizar la participación de todos los ciudadanos, y de las asociaciones y organizaciones implicadas en el mundo rural, en el proceso de delimitación de los espacios funcionales rurales; fijar la participación de los agentes económicos y sociales de Castilla y León en la elaboración del futuro mapa de áreas funcionales rurales; reforzar la participación de las Entidades Locales en sus respectivos niveles de decisión en la elaboración del mapa de áreas funcionales; establecer nuevos criterios para la delimitación de los espacios funcionales, especialmente en el ámbito rural; establecer un contenido mínimo de competencias en los estatutos de las mancomunidades de interés general rurales; y flexibilizar las competencias de las mancomunidades de interés general urbanas.
Desde la consejería que dirige el vicepresidente Francisco Igea se pretende atajar varios problemas existentes, y con ello desbloquear y avanzar en el desarrollo de la ley existente desde el año 2013. El más significativo es, precisamente, suprimir la mayoría cualificada para la aprobación por ley de los espacios funcionales rurales y urbanos. Además, también se plantea simplificar la tipología y la terminología de espacios funcionales para la ordenación del territorio previstos en la normativa de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León; establecer nuevos criterios para la delimitación de los espacios funcionales, especialmente en el ámbito rural más acordes con la realidad territorial y poblacional; establecer un nuevo procedimiento más ágil y participativo para la delimitación de los espacios funcionales y simplificar la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general.
El director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, comunicó en días pasados esta iniciativa -mediante sendas comunicaciones- a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia; la Federación Regional de Municipios y Provincias; y a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Desde hoy y hasta el próximo 24 de enero, cualquier persona puede realizar sus aportaciones en el espacio de participación creado con la finalidad de modificar, mediante una ley de reforma, la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.