El Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid investiga un supuesto caso de maltrato a una bebé de tres meses que permanece en observación en el Hospital Clínico Universitario, después de que sus progenitores y una de sus abuelas acudieran con ella el pasado jueves a Urgencias y los facultativos detectaran en la pequeña señales del denominado 'síndrome del bebé zarandeado'.
La Junta de Castilla y León asumió el pasado viernes, a las tres de la tarde, la guarda y custodia de la bebé y la primera medida de Protección de Menores ha sido prohibir a los padres acercarse a su hija hasta que concluyan los informes médicos y la investigación de la Fiscalía de Menores.
Los padres y la abuela pasaron la primera tarde-noche con la niña en el hospital y, según han relatado fuentes sanitarias, y en un primer momento se negaron a separarse de la bebé, según la información del diario El Norte de Castilla recogida por Europa Press.
Los padres de la pequeña, de 38 y 33 años, nacionalidad española y con domicilio en la Cistérniga acudieron primero el miércoles a una consulta de atención primaria y, el jueves, a Urgencias del Clínico, acompañados por una de las abuelas de la niña.
La niña presentaba un derrame en un ojo y, tras las exploración, se observó un golpe en las costillas y una lesión en un brazo, según las mismas fuentes.
Desde entonces la bebé permanece hospitalizada, mientras que sus progenitores mantuvieron el lunes un encuentro con el equipo de trabajadoras sociales de la Junta, que se ha hecho cargo de la custodia de la pequeña.
La madre de la niña, visiblemente nerviosa según los testigos, apuntó a un golpe accidental, mientras que la abuela insistía en todo momento en que no sabía nada de lo que podía haberle ocurrido a su nieta.
Fuentes judiciales han precisado respecto de este caso que no existe en los juzgados de Valladolid ninguna denuncia de violencia doméstica ni de género que pudiera vincularse al supuesto maltrato a la bebé.
Las investigaciones permanecen abiertas y por el momento solo se ha activado el protocolo administrativo de protección de menores de la Junta, que es la Administración competente en la materia, pero no se han solicitado medidas cautelares por parte de la Fiscalía.