La organización Ecologistas en Acción ha criticado que la Junta de Castilla y León autorice la caza durante el estado de alarma y, en cambio, no se permita ir a los huertos de autoabastecimiento. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que expresan su visión. Aquí, el texto de Ecologistas en Acción:
Conviene no olvidar que el 15 de marzo se inició el confinamiento como medida contra la expansión del COVID-19, y a los dos días la Junta de Castilla y León emitió un escrito claramente antijurídico favoreciendo a los cazadores por encima del resto de ciudadanos, contraviniendo uno de los pilares del estado de derecho: el principio de jerarquía jurídica, pues contradecía el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el estado de Alarma. Aquel polémico documento estaba firmado por el Director General de Medio Natural, José Ángel Arranz.
Gracias a la contundente presión social, al día siguiente, la Junta de Castilla y León tuvo que anular tal decisión administrativa por irregular y rocambolesca, quedando así en evidencia que era una decisión anómala e incomprensible, cuando estaban paralizadas la mayoría de las actividades de mayor valor social y económico.
La Junta ahora de nuevo, vuelve a favorecer a los que quieren pegar tiros a toda costa, y para ello el Sr. Arranz, como Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León ha emitido la Instrucción 2/FYM/2020, con el argumento de “controlar las poblaciones de fauna silvestre cinegética, en particular de conejo y jabalí, en prevención de daños a la agricultura y de riesgos para la sanidad animal”.
Con esta nueva Instrucción, la Junta se pliega por tanto a las presiones e intereses que desde el lobby de la caza se venían reclamando durante este periodo de confinamiento en el que los movimientos de las personas están restringidos debido a la declaración del Estado de Alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Ecologistas en acción afirma que la caza no se ha mostrado como un instrumento eficaz para atajar un problema que se repite año tras año, poniendo en serio peligro la biodiversidad. Tampoco hay que olvidar que los cazadores realizan tal control en razón de sus intereses, que por supuesto no son los de los agricultores o de la sociedad. El objetivo final que persiguen es el mantener la temporada de caza durante todo el año, incluso en época de reproducción y cría de las distintas especies, con la consiguiente rentabilidad económica que esto supone para ese sector.
Ecologistas en acción cree que el cazar en este momento es un quebrantamiento de las exigencias de confinamiento decretadas por el Estado de Alarma. Es conocido que en la situación excepcional la administración regional no dispone de las personas ni los medios exigibles para verificar los daños, que es necesario demostrar, ni para controlar la caza, ya que los servicios de vigilancia medioambiental: cuerpos de Agentes Medioambientales y del Seprona de la Guardia Civil, están centrados como es lógico en otras prioridades, incluso sanitarias.
En cuanto a la problemática del jabalí, que según la Instrucción “está provocando daños a las personas y a sus bienes, materializados fundamentalmente en las zoonosis, accidentes de tráfico y los daños sobre los cultivos agrícolas y la transmisión de enfermedades al ganado”, pensamos que es una afirmación genérica y exagerada, además de no justificada porque no existen datos de tal densidad y tampoco de daños contrastados que la avalen. La Instrucción entra en una incoherencia absoluta, ya que a la vez que considera dañinos a los jabalíes, se olvida de las autorizaciones de cría de especies alóctonas que la Junta de Castilla y León otorga para las granjas del jabalí de Rumanía o de las numerosas repoblaciones con animales criados en granjas y su alimentación suplementaria para favorecer los Cotos de caza intensivos, auténtico origen del problema.
Por otro lado, han pasado más de 40 días de confinamiento y no se ha visto interés por parte de la Junta de Castilla y León en apoyar a los pueblos y las actividades agrícolas no comerciales que se desarrollan en ellos. Castilla y León es una de las Comunidades en las que no se permite acudir a las fincas agrícolas a las personas que no sean autónomas. En la región existe un gran número de personas que cultivan huertos o frutales pero que no se dedican profesionalmente a ello. Mientras, en comunidades como Galicia o el País Valenciá, se permite la realización de estas actividades.
El propósito de las actividades agrícolas es el de abastecerse de alimentos, una de las actividades autorizadas en el Decreto de Estado de Alarma. No así el de la caza con fines de control de poblaciones.