La sala de lo Contencioso Administrativo del TribunalSuperior de Justicia de Castilla y León ha celebrado hoy la vista del juiciodando audiencia al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León,tras lo cual ha acordado denegar la medida cautelar solicitada por laAdministración local de suspensión de las medias sanitarias para este municipioque entraron en vigor en el día de ayer. Entre los argumentos aportados por lasala se encuentra que la finalidad de las medidas es evitar la propagación dela enfermedad e impedir un empeoramiento de la situación.
El auto conocido en el día de hoy advierte que no se hanjustificado los perjuicios de imposible o difícil reparación que podrían causaral Ayuntamiento las medidas establecidas por la Junta de Castilla y León. Sobrela imposibilidad de llevar a cabo la programación prevista en la semana defiestas de la ciudad manifiesta que no queda mínimamente acreditada lairreparabilidad de los daños. Por otra parte, además, incide en que laevolución de la enfermedad impide hacer previsiones, y más a largo plazo, demodo que las restricciones no podían descartarse cuando se hizo esaprogramación.
Según reconocen los magistrados de lo ContenciosoAdministrativo, la finalidad de las medidas de prevención sanitaria, y tal ycomo ha defendido el letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castillay León en la vista de esta mañana, es la de evitar la propagación de laenfermedad e impedir un empeoramiento de la situación.
Sobre la desproporcionalidad de las medidas alegada por elAyuntamiento de Valladolid en relación a los aforos, el auto añade que segúnestablecen los informes, existe una transmisión comunitaria muy elevada y porello se pretende evitar el contacto y el número de personas que se reúnen y deahí que la limitación del aforo se haga sin atender al lugar donde se proyectela reunión.
Además, la sala advierte de la falta de legitimación delAyuntamiento de Valladolid para rechazar las limitaciones de aforos enreuniones familiares u otras actividades que nada tienen que ver con losservicios y competencias que presta la corporación o que son enteramenteprivados.
Por último, se recuerda que la medida tiene una duraciónmáxima de 7 días, que no se juzga desproporcionada, ya que se trata de evitartener que adoptar medidas más restrictivas.