La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación sobre la recolección de datos que la Comisión Europea ha llevado a cabo para pedir una rebaja del estatus de protección internacional del lobo en base al Convenio de Berna de protección de la fauna y hábitats europeos.
El Ejecutivo comunitario analizó más de 17.000 aportaciones de comunidades locales, científicos y partes interesadas sobre las reglas de protección del lobo en la UE recabadas a través de la encuesta lanzada en septiembre de 2023, unos datos en los que se basó para presentar una propuesta para modificar su estatus de protección.
La investigación se ha abierto en base a una queja de la ONG Client Earth, que acusa "falta de fundamento científico, un proceso de consulta problemático, falta de acceso a los documentos y dudas sobre las motivaciones de la degradación" por parte de la Comisión Europea y argumenta que su propuesta ha "pone en marcha un proceso legislativo" con el objetivo de modificar el estatuto de protección del lobo en virtud de la directiva de hábitats de la UE.
De hecho, la UE ha dado ya el primer paso para relajar la protección de las poblaciones de lobos en su territorio después de que el pasado septiembre de 2024 una mayoría de 21 Estados miembro respaldase la propuesta.
La modificación supone pasar de la categoría de "protección estricta" a la de simple "protección" dentro del Convenio de Berna del Consejo de Europa, un paso previo para que Bruselas pueda plantear después una revisión de las reglas comunitarias que afectan a la gestión de esta especie. Un total de 50 miembros (incluidos los 27 países de la UE) suscriben este convenio europeo establecido en 1979.
El apoyo de los Veintisiete era un trámite necesario para elevar ante el convenio del Consejo de Europa la petición de relajar la protección del lobo, que la Comisión debía presentar al menos 60 días antes de la reunión del Comité Permanente, prevista para la semana del 2 de diciembre.
Bruselas defiende que su objetivo es poder "flexibilizar" las normas de gestión de esta especie frente al aumento de los ataques a ganado y el conflicto con comunidades locales en distintos puntos de Europa.
La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ya en noviembre de 2022 su intención de encargar a los servicios comunitarios un "análisis en profundidad" sobre el impacto de la recuperación del lobo en los campos de la UE, un anuncio que llegó poco después de que, según relató más tarde la prensa de su país, un lobo matara a un pony de su propiedad.
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