CSIF calcula que se necesitarán 180 médicos y 150 enfermeras adicionales en Castilla y León por la integración de Muface

CSIF valora que el incremento presupuestario de la Consejería de Sanidad de Castilla y León debería ser de casi 352 millones, sin contar las inversiones en infraestructuras

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CSIF.
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La posible incorporación a la sanidad pública de Castilla y León de unos 150.000 mutualistas y beneficiarios familiares de Muface requiere unos 3.000 profesionales sanitarios más de todas las categorías en Sacyl, sumando Atención Primaria y hospitalaria, teniendo en cuenta las ratios actuales y que los pacientes potenciales se incrementarán un 6,5%.

 Es la estimación que ha hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que considera que en los centros de salud harán falta unos 180 médicos y 150 enfermeras más. En cuanto a las listas de espera, la demora quirúrgica podría duplicarse de 108 días a 216, y las citas en medicina familiar podrían darse “varios días más tarde”. CSIF indica que estos cálculos se han hecho en base a las cartillas de Seguridad Social y a la actividad asistencial de la sanidad en la Comunidad.

 Si lo que se plantea es una integración progresiva al Sistema Nacional de Salud público, “y hay que implementar o reforzar infraestructuras tanto en atención primaria como hospitalaria. Al ritmo que se están haciendo las licitaciones y las obras en esta Comunidad, necesitaríamos cerca de diez años para adaptar el personal y ampliar o crear centros de salud o dimensionar adecuadamente otros servicios sanitarios”, señala CSIF. Por ejemplo, “el nuevo centro de salud de Magdalena, en Valladolid, que es relativamente pequeño, lleva en proceso unos quince años entre licitaciones y construcción, y aún no se ha terminado. Y nos consta que los plazos en otros proyectos que se están llevando a cabo en otras provincias viven situaciones similares”, apunta Enrique Vega, responsable del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León. “En caso de que todos los funcionarios y beneficiarios de Muface se integren a la vez en la atención de la Seguridad Social el colapso del sistema público sanitario será aún mayor y más serio”, añade.

 El tema económico también supondrá un “problema significativo”. CSIF valora que el incremento presupuestario de la Consejería de Sanidad de Castilla y León debería ser de casi 352 millones, sin contar las inversiones en infraestructuras y medios que haya que afrontar, con lo que debería ascender a unos 5.230 millones. Este aumento tiene en cuenta los nuevos usuarios que lleguen de Muface y los factores correctores de superficie, dispersión o edad que considera la Junta.
 

MANIFESTACIÓN EL DÍA 14 DE DICIEMBRE EN MADRID

CSIF ha convocado para el día 14 de diciembre una gran manifestación frente a la Dirección General de Muface en Madrid para exigir al Gobierno un nuevo concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface, Este sindicato independiente exige al Ministerio Para la Transformación Digital y de la Función Pública que el precio de la licitación exprés, en la que parece que ya se está trabajando, sea adecuada y atractiva, conforme a mercado, que permita la concurrencia de las aseguradoras para garantizar la asistencia sanitaria del millón y medio de mutualistas y sus beneficiarios familiares.

CSIF asegura que está recibiendo casos de mutualistas a los que se les está denegando la atención en clínicas o chequeos médicos, porque las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto. Insiste en que “el Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias (personas mayores y menores de edad) que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria”.
CSIF pide explicaciones al Ministerio de Sanidad por el informe filtrado a los medios de comunicación sobre su intención de incorporar a los mutualistas, de manera unilateral, al Sistema Nacional de Salud pública, una opción que es “inviable y que colapsaría la sanidad pública, de forma manera más grave en comunidades como Castilla y León”.

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