Los concursos de acreedores de empresas en Castilla y León se incrementaron el pasado año un 8,1 por ciento, al pasar de los 172 alcanzados en 2021 a los 186. Este incremento es muy inferior al contabilizado en el conjunto del país y que se situó en el 26 por ciento, ya que de 7.275 se pasó el pasado ejercicio a 9.189, según los datos recogidos en el Atlas Concursal presentado hoy por el Consejo General de Economistas.
Las comunidades con mayor número de concursos de acreedores de empresas fueron Cataluña, que pasa de 2.446 concursos en 2021 a 2.959, y la Comunidad de Madrid, de 1.259 a 1.738 en 2022. Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía concentran 6.844 concursos, casi el 74 por ciento del total. Después se encuentran el País Vasco, con 411 concursos, seguida por Galicia (283) y Murcia (273). las comunidades con menos concursos fueron La Rioja (22), Extremadura (48), Cantabria (53), Navarra (82) y Baleares (144).
Por otra parte, en los juzgados de lo Mercantil y Primera Instancia de Castilla y León se presentaron 788 concursos -158 por personas jurídicas, 217 por empresarios y 413 por personas naturales no empresarios-, lo que supone un 36,6 por ciento más que en 2021. A nivel nacional la subida fue del 46,9 por ciento y se alcanzaron los 27.751.
Para el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, tanto los datos concursales de 2020 como los relativos a 2021 y 2022 están condicionados por los efectos de la Covid y las medidas que se han venido aplicando. En este sentido, aseguró que “la moratoria concursal vigente hasta el 30 de junio de 2022 ha servido para contener el incremento concursal que se preveía, pero, tras el fin de la moratoria, se ha venido observando un incremento del 30 por ciento después del verano”.
Para Pich, en el actual contexto de desaceleración económica y de otros factores adversos como la subida de los tipos de interés y de los costes laborales, la inflación que no acaba de frenarse o el comienzo de la devolución de los créditos que se desplegaron para paliar los efectos económicos de la Covid-19, es previsible un aumento de las insolvencias para los próximos ejercicios.
Refinanciación
Por otra parte, en la Castilla y León se tramitaron el pasado año 140 solicitudes de refinanciación, lo que representa una subida del 33,3 por ciento con respecto a 2021, y un 2,9 por ciento en comparación con 2019. A nivel nacional fueron 5.428, lo que supone un incremento del 36,9 por ciento respecto a 2021 y un 29,3 por ciento sobre 2019.
En las comunidades en las que más se concentran los acuerdos de refinanciación presentan evoluciones diversas. En Cataluña se registra una subida del 32 por ciento, mientras que en Madrid esta subida se modera hasta el 10,6 por ciento. Andalucía se situó a la cabeza con una subida del 101 por ciento. Los acuerdos de refinanciación se concentran en Cataluña, que supone el 30 por ciento del total, seguido de Madrid (14,7 por ciento), Comunidad Valenciana (13,7 por ciento) y Andalucía (13,5 por ciento).
A su vez, en el Atlas Concursal también se analizan los acuerdos extrajudiciales de pagos (segunda oportunidad). En Castilla y León se alcanzaron los 77, frente a los 22 de 2021 y los 32 de 2020. En el conjunto de España fueron 1.411 (+33,3 por ciento).
Por último, en Castilla y León se contabilizaron el pasado año 793 subastas judiciales, 44 incidentes concursales y 160 procesos de liquidación.
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