El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha apoyado una moción en la que se pide al Gobierno central que permita a Castilla y León gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en las mismas condiciones que Navarra y el País Vasco.
La formación naranja ha criticado la discrecionalidad del Ejecutivo nacional a la hora de prestar esta ayuda, que se gestionará a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social salvo en las citadas Comunidades Autónomas, que asumirán estas funciones en exclusiva.
La procuradora por Zamora, María Teresa Gago, ha afeado la justificación de Moncloa de “este privilegio” en la ineficacia de muchas autonomías para gestionar prestaciones similares. Lo que contrasta con los más de 20 años de exitosa gestión directa de la Renta Garantizada de Ciudadanía, similar al IMV, “que nació del consenso político y que hoy beneficia a más 22.600 personas y a más de 9.600 familias castellanas y leonesas”.
El partido liberal, además, ha pedido que la gestión de esta ayuda se haga a través de un Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, para que pueda ser enriquecido por las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios; en aras de replicar el mismo consenso que se consiguió en Castilla y León en la inclusión de la Renta Garantizada de Ciudadanía y que tan buenos resultados ha dado.
“Desde Ciudadanos apoyamos el Ingreso Mínimo Vital, pero también la gestión directa de las Comunidades Autónomas. Dejemos atrás los privilegios territoriales y la desigualdad en favor de la igualdad de oportunidades y no dejar a nadie atrás en esta crisis”, ha explicado Gago.
En su intervención, la política zamorana también ha valorado las medidas excepcionales tomadas por la Junta, como la puesta en marcha del 012 en colaboración con Cruz Roja para el suministro de alimentos, higiene personal y medicamentos; la coordinación de la actividad de los trabajadores de ayuda a domicilio; la atención de menores con beca comedor, y el pago puntual de las prestaciones económicas.
“Si hay algo que esta pandemia ha puesto en evidencia es la necesidad de una protección mayor a los más vulnerables. Colectivos que antes de la pandemia se encontraban en riesgo de exclusión social, vivían en situaciones de desigualdad, desprotección, discapacidad y dependencia y que han visto como su situación personal se volvía más frágil”, ha señalado.
El partido liberal, además, ha presentado una enmienda de adición ‘in voce’ por la que se insta a la Junta de Castilla y León que exija al Gobierno modificar el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, para que los demandantes de asilo o protección internacional como pueden ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
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