La vuelta a las 35 horas sigue siendo, sin duda, una de las reivindicaciones más demandadas por los empleados púbhcos de Castilla y León después de que la Ley de recortes de 2012 obhgara a cumplir una jornada semanal de 37 horas y media.
En 2015 comenzaron a sentarse las bases para esta recuperación mediante la firma del Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados y empleadas públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015/2019, suscrito con fecha 29 de octubre.
Con posterioridad, el Acuerdo firmado el 25 de julio de 2017 por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015, contemplaba que Cuando la Administración General del Estado permita, en cualquier ámbito o sector, la jornada máxima semanal de 35 horas, la Junta de Castilla y León trasladará esta medida de manera inmediata”.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, prorrogada para 2019, establece que ‘sólo podrán volver a la jornada de 35 horas las administraciones que hayan cumplido las objetivas de déficit, deuda y regla de gasto”.
Tras la notificación oficial en mayo de este año, de que Castilla y León cumplía en el año 2016 con los tres requisitos, se llevan a cabo una serie de reuniones entre Junta y representación sindical, que llevan a la firma, el 21 de mayo del documento que ratifica la vuelta efectiva a la iornada de 35 horas.
Sin embargo, tras el cambio de gobierno, se deja en suspenso la aplicación de este acuerdo y se impide la recuperación de un derecho inequívoco de los empleados y empleadas púbUcos de nuestra comunidad.
Los sindicatos firmantes de esta nota convocamos diversas movilizaciones, un paro de 2.5 horas el pasado 25 de octubre y una huelga de 24 horas el 6 de noviembre.
La Junta de Castilla y León, gobernada por el partido Popular y Ciudadanos, sigue mintiendo a los empleados y empleadas públicos de Castilla y León al seguir diciendo, tanto a la prensa como en el ámbito parlamentario, que quiere negociar con los representantes de los trabajadores y trabajadoras la vuelta a las 35 horas, mientras que por el momento no ha realizado ni una sola propuesta.
Para mas gloria del gobierno regional, nos encontramos con un goteo incesante de sentencias, que anulan todas las abusos cometidos por los anteriores gobiernos del PP. La última invalidando el Catálogo Puestos Tipo de Funcionarios y Funcionarias (CPT), a la que el Consejero de Presidencia hananunciado que no van a recurrir. Dicha sentencia anula de hecho las relaciones de puestos de trabajo recientemente aprobadas y, como consecuencia, el concurso abierto y permanente, con el claro perjuicio que ocasionará a un buen número de funcionarios y funcionarias de esta institución.
Por todo ello insistimos, y llamamos a todos los empleados y empleadas públicas de la Comunidad a secundar las concentraciones que venimos realizando, todos los lunes en Segovia y las convocadas para el 18 de diciembre en diferentes delegaciones territoriales y/u otros centros de la JCyL y que mantendremos hasta que se recuperen los derechos arrebatados y se cumplan los acuerdos firmados.