La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado esta mañana las principales novedades de la futura Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León. Este proyecto refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico y del presidente Alfonso Fernández Mañueco en la lucha contra la violencia machista.
La nueva norma ampliará la protección a las víctimas al reconocer nuevas formas de violencia, mejorar la detección y prevención, y promover una atención más universal. También busca el restablecimiento de los derechos vulnerados a las víctimas.
El texto es resultado de un intenso trabajo conjunto entre el Gobierno autonómico, el Diálogo Social, y diversas entidades públicas y privadas involucradas en la prevención y atención a víctimas. En total, 78 organizaciones y un centenar de profesionales han participado en la elaboración del anteproyecto, que consta de cinco títulos, 69 artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El objetivo es adaptar la ley a la realidad actual y a la normativa internacional, europea y nacional más reciente.
La ley se sustenta en tres pilares principales: la actualización de la norma para incluir nuevas formas de violencia de género, el énfasis en la prevención y detección como herramientas clave, y la modificación de los modelos de atención a las víctimas hacia un enfoque más integral que favorezca su autonomía personal.
Entre las novedades, se incluye la definición de la violencia de género como cualquier acto de violencia contra las mujeres por su condición de ser mujer, abarcando desde amenazas y coacción hasta distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y económica en diversos ámbitos.
El ámbito de aplicación se amplía para incluir expresamente a niñas, adolescentes, menores bajo la tutela de las víctimas, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y mujeres castellanas y leonesas retornadas víctimas de violencia de género en otros países.
Se tipifican nuevas formas de violencia, como la 'violencia digital', que abarca desde el ciberacoso hasta la difusión de datos personales en redes, y la 'violencia vicaria', dirigida a causar daño a familiares de la víctima. También se introduce la 'violencia de segundo orden', contra quienes apoyan a las víctimas, y se detalla la explotación sexual como forma diferenciada de tráfico y trata de mujeres y niñas.
El anteproyecto subraya la importancia de la prevención y detección precoz, proponiendo un plan integral de sensibilización y prevención que se renovará cada cuatro años, incluyendo formación especializada para profesionales de distintos ámbitos y medidas para fomentar la igualdad de género.
Además, se promoverá la investigación e innovación en la lucha contra la violencia de género, con la realización de estudios y la convocatoria de premios anuales para fomentar proyectos innovadores.
La ley también regula la atención integral a las víctimas mediante la creación de centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, y la inclusión de un centro virtual que ofrecerá atención telefónica y telemática. Se establecerá una red de atención general y especializada para víctimas con necesidades específicas, como aquellas con discapacidades o en situación de vulnerabilidad.
Por último, se garantizará el acceso en igualdad a toda la red de recursos y se promoverá la colaboración entre instituciones públicas y organizaciones sociales para asegurar una respuesta eficaz y coordinada ante la violencia de género.
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