El presidente del Consejode la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Julio Sanz Orejudo, ha remitido una cartaal consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, para que incluya en lospréstamos del Instituto para la Competitividad de CyL (ICE) a los mutualistasde la abogacía de la Comunidad y no sólo a los profesionales incluidos en elRégimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Un colectivo queaglutina a más de 5.000 abogados, que han visto parada su actividad a causa dela crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, como la mayoría delos autónomos del país.
En concreto, la Abogacía de Castilla y León solicita al Gobiernode la Comunidad que no deje fuera de esta medida a los letrados que tambiénnecesitan de una inyección de liquidez para sostener sus actividades tandañadas y paralizadas por la crisis sanitaria. Los préstamos que ofrece el ICE,de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses, con una carencia de hasta 12 mesesy una amortización de 3 años, pueden suponer una balsa importante para losletrados de la Comunidad. “En su mayoría, los abogados ejercemos con coberturade derechos pasivos con la Mutualidad de la Abogacía, al igual que otrosprofesionales como la procura, graduados sociales, médicos o arquitectos, quese encuentran incluidos en Régimen de Mutualistas y que, por tanto, quedaríantambién fuera de estas previsiones y ayudas”, explica el presidente del CACYL.
El Instituto para la Competitividad deCyL de la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León permitirábonificar los costes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta cincotrabajadores y autónomos, y movilizará un valor global de 20 millones de euros,pero no contempla la figura de los abogados mutualistas.
Abogacía paralizada
Las necesidades definanciación y de subvención públicas para la prestación de servicios por partede los profesionales de la abogacía es una realidad en los duros momentosactuales. Las ayudas solicitadas permitirán paliar el efecto de las necesidadessobrevenidas de los abogados ejercientes cubiertos por mutualidades, de modoequitativo a las medidas específicas para los trabajadores del RETA. Un traroacorde a la situación excepcionalprovocada por el agente patógeno, ajena al curso normal de la economía yque obedece al interés general.
Aun siendo el sistema de mutualidadesde carácter privado, se trata de una coberturasocial obligatoria dispuesta por la ley, sistema que se ve afectado porlas medidas de orden público adoptadas por el Gobierno con el fin de afrontarlas consecuencias de la pandemia.