La experiencia adquirida en la gestión del patrimonio cultural en la Comunidad, la evolución social y económica junto con la propia evolución del concepto de patrimonio cultural ha motivado la necesidad de actualizar la normativa autonómica. Esta nueva regulación contempla un concepto más amplio y complejo del patrimonio cultural y que recoge los bienes con valores tangibles e intangibles en relación directa con la sociedad que los crea y los conserva en su territorio. El concepto de patrimonio cultural se entiende, por tanto, de forma global, valorando aspectos tanto materiales como inmateriales, e integrada, ya que su valor y el de su gestión superan el ámbito exclusivo de lo histórico y artístico e incluyen los valores sociales del patrimonio y su potencial como recurso para el desarrollo.
Para la Junta de Castilla y León, el patrimonio cultural ha dejado de tener el carácter exclusivo de legado del pasado para pasar a considerarse un recurso imprescindible para el futuro, por su valor educativo y social así como por su potencial económico.
La gestión del patrimonio cultural
La finalidad de esta norma no es solo la protección del patrimonio cultural sino su gestión, entendida como el conjunto de acciones encaminadas al conocimiento, investigación, protección, conservación y difusión de los bienes que lo integran. Esta gestión requiere que sea integral, sostenible y participativa, y que el mantenimiento y valoración del patrimonio cultural sea fruto de la acción conjunta de los colectivos sociales y los poderes públicos. Regula, por ello, el papel de los agentes implicados en la gestión del patrimonio cultural desde la corresponsabilidad, a fin de garantizar su sostenibilidad cimentada en la participación de los propietarios, los ciudadanos y los agentes sociales con el objetivo de asegurar el uso y disfrute de estos bienes, constituyendo la garantía para la conservación de este legado cultural que pertenece a todos.
En este sentido, la futura ley pretende desarrollar la gestión corresponsable entre los agentes públicos y privados potenciando la relación del patrimonio con el desarrollo social y el territorio, lo que resulta de todo punto oportuno por cuanto el patrimonio cultural emerge como valor económico y turístico no deslocalizable.
Una de las principales novedades es la inclusión del concepto de patrimonio cultural inmaterial, estableciendo la naturaleza y titularidad de los bienes así como las condiciones para que puedan ser declarados de interés cultural o inventariados.
La nueva normativa también recoge la creación del Censo de Patrimonio Cultural de Castilla y León para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público que dará mayor seguridad jurídica y facilitará la participación a los ciudadanos.
A su vez, se mantienen los niveles de protección: el nivel máximo a los bienes de interés cultural y el segundo nivel de protección para los bienes inventariados. Como novedad, se recoge la posibilidad de que los bienes inmuebles con grado de protección integral o equivalente incluidos por los ayuntamientos en catálogos de instrumentos de planeamiento urbanístico tengan la condición de bien inventariado.
Respecto al régimen de la intervención en los bienes del patrimonio cultural de Castilla y León, se definen los principios que deben regir y los principales tipos de intervenciones. Destaca que en las situaciones que conlleven peligro inminente de daños a las personas, cuando la entidad local incoe el expediente de ruina, deberá realizar las actuaciones oportunas para evitar dichos daños.
El texto regula la corresponsabilidad de las administraciones públicas en la protección y conservación del patrimonio cultural. En este sentido, la Ley recoge con mayor detalle los deberes asignados a las entidades locales en lo que se refiere a la gestión de bienes de patrimonio cultural: mantiene la obligación municipal de redactar un plan especial de protección para los conjuntos históricos y para las demás figuras incluidas en la categoría de áreas patrimoniales exige un documento de protección. En paralelo, el texto incluye también la previsión expresa por parte de la Junta de Castilla y León de arbitrar las medidas de ayuda y colaboración oportunas con las entidades locales para el cumplimiento en todo aquello que afecta al planeamiento.
La ley establece medidas, ayudas y subvenciones para los propietarios, poseedores y gestores de los bienes, a la vez que considerará el desarrollo de actividades de voluntariado y la participación empresarial en la gestión del patrimonio cultural y plantea las bases para que los ciudadanos se sientan implicados y partícipes en su gestión.
Otra de las novedades del anteproyecto es la concreción, como participación de la inversión pública en el patrimonio cultural, del denominado 1 % cultural, que se eleva al 1,5 %
Esta norma regula asimismo el Centro de Investigación e Innovación del Patrimonio Cultural de Castilla y León que podrá, para el cumplimiento de sus funciones, establecer las correspondientes relaciones de cooperación con instituciones públicas o privadas que desarrollen actividades en materia de patrimonio cultural.
Bienes singulares y el papel de las entidades locales
En el anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León se atienden otros aspectos, como el de los caminos a Santiago por Castilla y León, con el objeto de preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Santiago de Compostela. Asimismo, se incluye un apartado específico dedicado a los agentes gestores de los bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El anteproyecto de ley incluye un artículo relativo a la cooperación con las entidades locales, en el que se indica que éstas velarán por la protección y la conservación de los bienes culturales ubicados en su ámbito territorial y colaborarán activamente en la gestión del patrimonio cultural. Igualmente, establece los deberes de las entidades locales en relación al Patrimonio Cultural.
Bienes de Interés Cultural en Castilla y León
En la actualidad, existen un total de 2.297 bienes declarados de Interés Cultural que gozan del máximo nivel de protección. De ellos, 2.289 son patrimonio material -destacan 1.059 monumentos, 139 conjuntos históricos y 113 zonas arqueológicas- y ocho son patrimonio inmaterial.
Expedientes de carreteras
En la reunión mantenida esta mañana, también se han sometido a informe del Consejo de Cooperación Local los expedientes de carreteras de cambio de titularidad de la carretera autonómica sin clasificar “SC-BU-19, de Lerma (N-I) a estación de ferrocarril de Lerma”, que pasa a titularidad del Ayuntamiento de Lerma, y de cambio de titularidad recíproco de carreteras entre la Diputación Provincial de León y el Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo.