Asaja de Castilla y León informó a los viticultores que ya está publicada la normativa que regula el contrato-tipo para la compraventa de la uva con destino a su transformación en vino, quienes recordaron que para que se cumpla el contrato es preciso que, una vez entregada la mercancía, la bodega emita en un plazo máximo de 15 días la factura, y que en un plazo no superior a 30 días pague lo estipulado en el contrato.
“Estos puntos son fundamentales y por desgracia no siempre se cumplen, muchos viticultores sufren importantes demoras en los pagos y en la facturación”, apuntaron desde la organización profesional agraria, al trasladar que este contrato-tipo es acordado y propuesto por el propio sector a través de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y está validado posteriormente por el Ministerio de Agricultura.
Señalaron que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que todas las entregas de la uva y de cualquier producto estén amparadas por un contrato que recoja el compromiso de compraventa entre bodega y viticultor, en el que se acuerde el precio pactado entre ellos, atendiendo a criterios de volumen y también de calidad.
“Ambas partes pactan libremente el precio, pero hay un requisito claro y que marca la Ley: que no se venda a pérdidas, que siempre se cubran los costes de producción”, recalcaron desde Asaja.
La opa defendió que todas las ventas de todos los productos agrarios “estén amparadas por contrato”, tal como obliga la propia Ley de la Cadena Alimentaria. Para ello, es fundamental que tanto el Estado como la Junta, dentro de las competencias que tiene delegadas, ejerzan la labor inspectora que se precise para el cumplimiento de la normativa, ya que “cuando se incumple es siempre en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos, de los viticultores en este caso”.
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