El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Decreto para registrar a los intermediarios y prestamistas de crédito inmobiliario de Castilla y León y su supervisión y sanción, incluyendo normas para la protección en la adquisición de préstamos inmobiliarios.
El Decreto aprobado tiene como finalidad completar en la Comunidad la normativa estatal sobre los intermediarios y prestamistas de crédito inmobiliario, mediante el establecimiento y regulación del ‘Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León’, así como la atribución a órganos administrativos autonómicos de las funciones de supervisión y sanción en esta materia.
En concreto, la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incorpora al ordenamiento español la normativa de la Unión Europea sobre los contratos celebrados por los consumidores con relación a bienes inmuebles de uso residencial, incluyendo normas de protección del beneficiario o prestatario, relativas a la adquisición de los préstamos inmobiliarios.
Asimismo, para los intermediarios y prestamistas de estos créditos se establece su incorporación a un registro administrativo, con carácter previo al ejercicio de su actividad. Por ello, la normativa atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia sobre el registro, la supervisión y la sanción de los intermediarios y prestamistas de crédito inmobiliario con sede en la Comunidad Autónoma y que operen exclusivamente con prestatarios domiciliados en la Comunidad.
Castilla y León, una de las primeras en regular esta materia
La norma aprobada hoy se aplica a las personas físicas o jurídicas con sede en Castilla y León que realicen con carácter empresarial o profesional la concesión de préstamos a personas físicas con garantía hipotecaria sobre inmuebles de uso residencial, y operen exclusivamente con prestatarios domiciliados en el territorio de la Comunidad.
De igual forma, se aplica a quienes, con los mismos requisitos de sede y ámbito territorial de operaciones, intermedien de forma empresarial o profesional en relación con este tipo de operaciones.
En concreto, el Decreto dispone la creación del ‘Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León’, así como los procedimientos de inscripción en el mismo. También, se regulan la modificación de los datos inscritos y la pérdida de requisitos para la obtención del citado reconocimiento, así como los supuestos de revocación del reconocimiento como intermediario en el crédito inmobiliario o prestamista inmobiliario y su cancelación en el Registro. Los datos del Registro serán de acceso público, en el sitio web de la Junta de Castilla y León
Además, atribuye a la Junta las funciones de supervisión administrativa relativas a los intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas, así como la incoación, instrucción y resolución de expedientes sancionadores y, finalmente, recoge la obligación de comunicar a otros supervisores financieros las inscripciones, variación de datos y cancelaciones.
Por último, hay que reseñar que no supondrá incremento del gasto público, ya que se atiende con los medios materiales y humanos disponibles actualmente en la Administración de la Comunidad.
Con la aprobación de esta norma, Castilla y León se sitúa a la vanguardia de las Comunidades Autónomas que tienen regulada esta materia, ya que hasta el momento sexta Comunidad que ha asumido explícitamente estas funciones.