No es un mantra, aunque se lleva escuchando desde el año 2008, cuando salió a la luz el primer estudio serio sobre el déficit de profesionales que alertó de la falta de médicos en hasta 15 especialidades en el período 2008-2025. Los firmaron las profesoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Patricia Barber Pérez y Beatriz González López-Valcárcel, las mismas que volvieron a elaborar el que ahora maneja el Ministerio de Sanidad para el período 2021-2025. En aquel estudio se pedía planificación, que es lo que no se hizo y de aquellos barros estos lodos. Lo resume el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que ha sido cuestionado en las últimas semanas por contratar a médicos sin especialidad, algo que, defiende, han hecho todas las comunidades autónomas, incluso en tiempos precovid, desde Andalucía a Cataluña, pasando por Navarra y País Vasco, que es líder en retribuciones, y que ha tenido que llegar a cerrar de forma temporal algunos centros de salud.
“No es un problema. Es el problema” que le ha obligado a esta medida que justifica en “la necesidad imperiosa de mantener la asistencia sanitaria”. Sin estos 235 profesionales contratados sin especialidad, algo que “por supuesto es legal”, se caería la Atención Primaria en muchos lugares, en especial en los pueblos, afirma. Mientras se llega un acuerdo nacional, explica a Ical que su departamento ya dibuja zonas de difícil cobertura y medidas nuevas que podrían comenzar a aplicarse el próximo año y con las que quiere taponar esta sangría que es un “grave problema de Estado”. “Si no se nos hace caso tendremos que utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para que el Ministerio tome conciencia y se dé cuenta de una vez de la importancia que tiene el déficit de profesionales”.
Las bolsas están agotadas y Sacyl ha decidido contratar a 235 médicos sin las especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, y están pendiente otros 100. Las sociedades científicas han puesto el grito en el cielo, incluso algunas barajan la posibilidad de denunciar a la Consejería. ¿Estas contrataciones son legales?
Sacyl ha encontrado esta vía de contratación, pero no sólo Sacyl. Todos los servicios públicos de salud de este país llevan contratando desde hace muchos años, mucho antes de la pandemia, médicos de Familia sin el título de especialista, y, por supuesto, es legal. Si tuviera la más mínima duda de ilegalidad, por supuesto que no lo realizaría. Somos muy escrupulosos a la hora de contratarlos cumpliendo todas las premisas que tenemos que cumplir, que son que no haya candidatos en la bolsa, que no se presente nadie, y seguir haciendo llamamientos periódicos.
En pandemia se promulgó un Real Decreto para dar legalidad a esta vía que ya ha caducado, ¿en qué norma se amparan estas contrataciones?
Nos amparamos en la necesidad imperiosa de mantener la asistencia sanitaria. Porque desde antes del año 2020, en el año de la pandemia, cuando se promulgó el Real Decreto Ley, ya había comunidades autónomas, no Castilla y León, que contrataban ya a médicos de esta manera. Incluso hay algunas que tienen normativas desde el año 2008 y vienen contratando médicos sin título homologado. Estas decisiones se basan en una jurisprudencia que dice que en caso de necesidad extrema para mantener la asistencia sanitaria y al no existir personal con la titulación homologada en la bolsa, prima el derecho de la asistencia sanitaria.
Pero estamos hablando de más de 230 contratos sin título, ¿no son muchos?
Mire, en agosto, se hablaba de que aproximadamente el 40 por ciento de los médicos de que presta asistencia sanitaria en Atención Primaria en Tenerife no tenían título de especialista homologado. Hoy, hay otras noticias que dicen que el 40 por ciento de todos los médicos de Cataluña no tiene el título de especialista homologado. Hace pocas semanas, el 23 de octubre, leía que en Asturias hay más de 1.100, mientras que antes de 2018 solo había 475. Todo esto demuestra que en todas las comunidades autónomas hay contrataciones de este tipo. Lo que pasa es que nosotros somos mucho más transparentes y decimos los que tenemos contratados.
¿La idea es contratar a otros cien médicos más bajo esta fórmula?
Estamos manteniendo una norma, aparte de ser muy escrupulosos en la bolsa y en los llamamientos, el contratar solo aquellos que no son imprescindibles para mantener la asistencia sanitaria. Es decir, siempre que podemos encontrar otro mecanismo de reorganización que nos permita mantener la asistencia, evitamos la contratación.
Las sociedades científicas de Medicina de Familia le han reprochado que esta forma de actuar desprestigia la especialidad y que, además, el que paga es el paciente. ¿Lo ve así?
Entiendo que no. Porque, en primer lugar, no se está perjudicando a ningún médico de familia. Es decir, cualquier médico de familia que quiera trabajar con nosotros, va a poder trabajar con nosotros, luego no hay ningún perjuicio ni ningún descrédito. Y en segundo lugar, cualquier residente que se está formando en Medicina Familiar y Comunitaria con nosotros no va a ver afectada su formación, porque ninguno de estos médicos contratados sin título de especialista va a participar en su formación. Por lo tanto, no hay ningún descrédito de la Especialidad Medicina Familiar y Comunitaria que me merece absolutamente todo lo respeto. Lo que hay es una necesidad imperiosa de para dar asistencia a la población.
No se forman los médicos suficientes; las condiciones les expulsan a la privada; las condiciones laborales son malas; no se plantean incentivos económicos… ¿cuál es el problema?
No es fácil. Me remonto al inicio del problema, al de la planificación. Hay un informe que se hizo en 2008 -por las mismas personas que han realizado el que actualmente se maneja en el Ministerio- que se presentó con el ministro Bernat Soria, donde ya se aquejaba la falta de médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, y que quedó sumido en el cajón durante muchos años. Si se hubieran tomado medidas de planificación en aquel momento, probablemente tuviéramos otra situación ahora. E incluso si se hubieran tomado medidas desde el año 2018, tanto que aqueja ahora el Partido Socialista, ya tendríamos promociones de médicos residentes disponibles para su contratación. Es más, en un Consejo Interterritorial del año 2018 se llegó a una serie de conclusiones que no se han llevado a efecto a lo largo de los últimos cuatro años. Se lo venimos reclamando continuamente al Ministerio todos los consejeros del PP y no se nos ha hecho caso. Hay que hacer una planificación contando con todas las características del sistema, lo público y lo privado. En segundo lugar, también hay médicos que no quieren ir a determinadas zonas. Y no solo es un problema de retribuciones, porque comunidades con muy buenas retribuciones, como puede ser Navarra, están viendo cómo sus hospitales comarcales y sus zonas de atención primaria se ven faltas de médicos especialistas. Incluso el País Vasco, que también es líder en retribuciones, ha tenido que cerrar centros de salud durante períodos de tiempo.
¿Y mientras tanto hay 4.000 médicos que no pueden acceder a una plaza MIR?
La realidad no es que falten médicos, faltan médicos especialistas, y por eso exigimos una convocatoria extraordinaria. Estamos todas las comunidades con problemas de médicos de familia, se estima que aproximadamente faltan en el sistema público unos 5.000 plazas, y hay 4.000 graduados en Medicina que no pueden acceder a tener un título cuando además en la directiva del año 93 de la Unión Europea se regula la necesidad de un título de médico especialista, pero también se deja entrever que a todos los egresados hay que darles las posibilidades de ser especialistas. Por eso hemos pedido reiteradamente una convocatoria extraordinaria de 1.000 plazas.
¿Es un problema exclusivo del medio rural?
Es muy complejo, pero en parte. Realmente la zona rural, donde Castilla y León tiene más del 60 por ciento de sus centros de salud, es poco atractiva para estos profesionales, con el problema añadido de que no lo conocen porque se forman en centros urbanos. Llevamos dos años pidiendo al Ministerio flexibilizar las condiciones de acreditación para que centros de salud rurales puedan formar médicos y se nos ha hecho caso omiso. Luego el problema es un problema multifactorial y con muchas variables.
La semana que viene, el 18 de diciembre, tienen cita con el Ministerio para analizar la falta de profesionales que afectan a la Atención Primaria
Ni siquiera es un Consejo Interterritorial, es un pleno de la comisión de Recursos Humanos, para hablar no sabemos de qué, porque todavía no tenemos orden del día. Llevamos dos años pidiendo una reunión del pleno monográfica para tratar este tema. Es el máximo órgano, el problema es de tal importancia que el máximo órgano de cogobernanza del Sistema Nacional de Salud debe de reunirse.
¿ Castilla y León se está planteando, como en su día hizo con otras comunidades autónomas, alguna medida de presión para que se convoque ese pleno?
Si no se nos hace caso, y dado que el problema es un grave problema de Estado, evidentemente, tendremos que utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para que el Ministerio tome conciencia y se dé cuenta de una vez de la importancia que tiene este problema para los que gestionamos la sanidad. El Ministerio no gestiona la sanidad más que en Ceuta y en Melilla, y allí llevan ocho meses de huelga, lo cual es muy curioso. Si no se nos lleva a un pleno del Consejo Interterritorial que se estudie el problema y se adopten medidas para poder mantener la asistencia, nos veremos obligados a hacer uso de todo lo que tenemos en nuestra mano.
Antes hablaba que Sacyl es muy escrupuloso a la hora de contratar y que cuando es necesario se toman “mecanismos de reorganización”, ¿supongo que se refiere al transporte a la demanda, o hay alguno otro?
Siempre que podemos reorganizar la asistencia, como hemos venido realizando en los últimos años, pues se intenta. Cuando no hay posibilidad, hay que recurrir a la contratación.
Y ante esta carencia de profesionales, y teniendo en cuenta que los médicos no salen de debajo de las piedras, ¿la Consejería está estudiando un cambio del modelo?
Nuestra organización siempre va a ir dirigida por dos medidas: la proximidad, es decir, en el mantenimiento de la asistencia lo más próxima posible al ciudadano en los consultorios locales; y que sea práctica y y muy fácil para el ciudadano. Tenemos pacientes crónicos de una avanzada edad en los cuales el transporte puede ser una solución pero también es una solución el asistirles en el consultorio local. Por lo tanto todo nuestro planteamiento va a tener siempre en el punto de mira mantener esa situación.
Su apuesta es mantener el modelo actual, tal cual.
Todo lo posible, efectivamente.
Hace un año, las sociedades de Atención Primaria firmaron un documento, con una propuesta a la Consejería, pidiendo sentarse a hablar para entre todos dibujar un nuevo modelo, que entienden que está caducado. No hablaron de cerrar consultorios pero sí de modificar las funciones. Lo recibió con la mente abierta, pero en qué ha quedado.
En que seguimos reuniéndonos y estamos trabajando con ellos en la línea que le estoy diciendo, es decir, siempre manteniendo la asistencia en el consultorio local. Es nuestra visión, la suya puede ser otra: mantener al máximo, siempre que se pueda y sea posible, la asistencia en el consultorio local.
Pero es difícil sin médicos, y sin médicos que quieran ir a los pueblos
Pues fórmulas milagrosas no existen, es decir, cuando no hay médicos, no hay médicos, no se pueden improvisar, pero habrá que tomar otras medidas. Ahora se nos está criticando por poner médicos sin título de especialista. De verdad, no sé cómo algunos lo quieren hacer porque sin estos 235 médicos supondría la caída de la atención primaria en muchas partes de la comunidad. Por lo tanto, no puede haber milagros. Verdaderamente, no es lo óptimo, pero es la fórmula para mantener la asistencia sanitaria.
Desde Ameacyl proponen una mayor coordinación entre las consultas y las urgencias, ¿puede ser una fórmula?
Puede, pero en un territorio como el nuestro, con 196 puntos de atención continuada, y 247 centros de salud y gran extensión territorial, a veces no es fácil tener una coordinación, una asistencial fina para poder llevar a cabo lo que dicen estas asociaciones, pero cualquier medida de coordinación entre las partes del sistema siempre es beneficioso.
¿Qué dice el estudio de plantillas que comprometió para esta legislatura?
Que estamos asistiendo ahora mismo a los años de mayor jubilación. Concretamente, este año 2023, alcanza la edad de jubilación el mayor número de médicos de Familia de los últimos años, 223. 2024 también va a ser un año de grandes cifras, 206, lo que no quiere decir que se vayan a jubilar todos, porque afortunadamente muchos optan por la prolongación del servicio activo o la jubilación parcial. A partir de 2025, caen radicalmente las jubilaciones, con 152 en ese año; 85, en 2026; 119, en 2027 y por debajo de las 80 a partir de 2028. Por eso hablo de planificación, porque podemos pasar de un lado a otro del péndulo.
¿Y esa planificación se está haciendo?
La Consejería de Sanidad no lo puede hacer sola. Podemos hacer una planificación para nuestras plantillas, pero un residente cuando termina no se tiene por qué quedar aquí, se puede ir a otras comunidades, con lo cual la planificación tiene que abarcar a todas las comunidades, porque si no, es imposible.
¿Y Castilla y León se está planteando algún tipo de incentivo económico, incentivo de carrera, algún contrato diferente que pueda hacer más atractiva?
Estamos planteando medidas no solo de incentivo económico, como fijar ciertas condiciones en función de las plazas; que en algunas el acceso a la propiedad no sea por oposición, sino sólo por concurso; de incentivo de carrera profesional, por supuesto… Estamos trabajando en un planteamientos que esperamos sustanciar en poco tiempo, para hacer ciertas plazas más atractivas para los profesionales, porque no solo es un problema de remuneración económica.
¿Están fijadas cuáles son esas plazas de difícil cobertura y para cuándo su puesta en marcha?
Uno de los problemas viene cuando consideras una plaza de difícil cobertura. Hay que poner unas normas muy claras porque si no el número de plazas de difícil cobertura pueden ser todas. Hay que seleccionar muy bien cuáles son las plazas, cuántas veces han quedado vacantes en las ofertas públicas de empleo, los concursos de traslado.. porque puedes tener plazas infraestimadas o sobrestimadas. Espero que a principios del año que viene empezamos a tenerlo a disposición para luego ponerlo en marcha.