La Alianza UPA-COAG ha denunciado que los eco-regímenes de la Política Agrícola Común (PAC) disparan la producción de legumbres y hunden los precios, además de que “revuelven” el mercado en beneficio de los comercializadores, lo que aboca al sector a vivir una “compleja” situación. Por lo tanto, lamentó que no se cumpla con la Ley de la Cadena Alimentaria ya que los “determinados” operadores pagan “cuando quieren y lo que quieren”. Así, el kilo de garbanzos que se vende a 45 céntimos en el campo aparece a 2,60 euros (el más barato) en los lineales de los supermercados.
Un comunicado de la Alianza recordó que la PAC exige el cultivo de productos mejorantes para cumplir con los eco-regímenes; uno de esos cultivos mejorantes son las leguminosas; como consecuencia de esta exigencia comunitaria, la producción de leguminosas en Castilla y León se ha duplicado en dos años. Por ejemplo, en garbanzos se ha pasado de 35.000 hectáreas sembradas en 2023 a 65.000 cultivadas en 2024. Si bien en lentejas o en alubias las subidas han sido más modestas, del entorno de un 20 por ciento de subida. Todo ello, ha generado el hundimiento de los precios. En el caso del garbanzo, el precio ha caído a la mitad. Por las zonas zamorana y salmantina, donde se cultiva el garbanzo pedrosillano, el kilo se vendió en el entorno de los 90 céntimos o un euro en 2023 (cuando hubo baja producción por la sequía) y en 2022, cuando también se desplomó la cosecha por la subida del precio de los insumos, frente a los 45 céntimos que obtiene ahora.
“Aun así, lo que parece una lógica ley del mercado, a mayor oferta menor precio, tiene un importante matiz al que se enganchan los productores de legumbres”, precisó. No en vano, apuntó que España importa el 80 por ciento de las legumbres que se consumen en España, por lo que hay margen “de sobra” para que su producto no se vea afectado por el “boom” productivo que ha generado la exigencia comunitaria de sembrar legumbres.
El responsable de las IGP de legumbres de la Armuña, Barco de Ávila Fuentesaúco y Pedrosillo, Nicolas Armenteros, apuntó que no hay sector que pueda “digerir con facilidad el terremoto” que ha supuesto para la legumbre la exigencia de los eco-regímenes, pero que el fenómeno no ha modificado el mercado, solo lo ha “revuelto” más.
UPA-COAG añadió que los operadores siguen importando porque el producto que viene de Canadá, Argentina o Estados Unidos, es más uniforme, es más estable y, en suma, le resulta mucho más rentable que el español. En este sentido, denunció que las autoridades se niegan a clarificar el etiquetado, por lo que es “imposible” conocer el origen de la lenteja, o el garbanzo o la alubia en los lineales porque no se exigen indicaciones claras de procedencia.
Además, la Alianza recordó que los productores nacionales cuentan con otros dos grandes inconvenientes, ya que los países que venden a España pueden utilizar fitosanitarios que a los agricultores españoles les están prohibidos. Por lo otro lado, la producción en España no es uniforme, no existen estructuras de comercialización y, sobre todo, no hay una investigación seria de variedades más productivas o más comerciales.
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