La Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar en el primer semestre de 2021 la nueva Ley de Caza, un texto normativo que pretende sacar adelante con el máximo consenso de los grupos políticos en el convencimiento de que debe ser un marco con vigencia para muchos años y ante la importancia que la misma supone para la Comunidad en términos económicos.
"La caza no es un deporte de señoritos donde los ricos van a pasarlo bien, contrariamente a lo que pretenden hacer ver algunos. No es así porque la caza es un instrumento básico de control de las especies, una herramienta para que las más fuertes no tengan una superpoblación que provoque la desaparición de las más débiles", sentencia el consejero.
El titular de Fomento y Medio Ambiente, en una entrevista a Europa Press, se queja de que "algunos" llevan pretendiendo desde hace años que no se pueda cazar en Castilla y León.
En este objetivo han logrado "victorias provisionales" a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Valladolid, si bien el consejero se felicita de que ha sido finalmente el Tribunal Supremo, en virtud de una sentencia de mayo, el que ha indicado que la "Junta ha hecho los deberes en la normativa reglamentaria".
Incluso cuando las primeras resoluciones judiciales ponían en peligro la actividad cinegética y llevaron a la Junta a modificar, con urgencia en las Cortes, una ley que data de 1996, el consejero también reprocha al Defensor del Pueblo español y a la misma sala del TJCyL en Valladolid que llevaran, sin éxito, dicha modificación al Constitucional, pues dicho tribunal, en virtud de dos sentencias en octubre, entendió que la ley era correcta.
Cuáles son los intereses del Defensor del Pueblo
"No sé qué intereses defiende el Defensor del Pueblo, desde luego no los de Castilla y León sino los postulados radicales de una minoría frente a los de una mayoría", critica Suárez-Quiñones, quien extiende también su enojo respecto de la postura de la citada Sala del TSJCyL, "que entendía que las Cortes habían burlado sus decisiones en contra de la caza".
Con todo, el titular de Fomento y Medio Ambiente incide en que su departamento se ha marcado el objetivo de sacar adelante una nueva Ley de Caza, un nuevo texto sobre Gestión Sostenible y Recursos Cinegéticos "mucho más sostenible, con más participación científica y con los mejores controles" que podría ser una realidad en el primer semestre de 2021, a partir de que se reinicie el periodo de sesiones en las Cortes en febrero.
"Esta semana pasada el Consejo Consultivo se ha pronunciado de forma favorable sobre el proyecto de ley e impone una serie de ajustes técnicos que vamos a incorporar", asegura Suárez-Quiñones, quien confía en lograr finalmente una "ley de Comunidad" y con el máximo consenso "porque no es para dos días sino para muchos años".
En su alegato en favor de la actividad cinegética, el consejero insiste en que se trata de una herramienta que garantiza el equilibro entre especies, el control para la sanidad de los animales y del hombre, "pues no hay que olvidar que el coronavirus es de procedencia animal", y ello, apostilla, "no supone que alguien mate lo que quiera y cuando quiera por cuanto hay técnicos que imponen qué especies se pueden cazar, dónde y en qué periodos".
El titular de Fomento también destaca que una superpoblación de especies constituye un grave problema en las carreteras que puede ocasionar accidentes mortales de tráfico y, además, no se olvida del componente económico de la actividad cinegética pues la misma genera anualmente recursos de entre 500 y 600 millones de euros en Castilla y León.
"Es una forma de vida para muchas entidades locales menores, negocios y el medio rural", sentencia Suárez-Quiñones.