La organización conservacionista SEO/BirdLife exigió "responsabilidad" al Gobierno de España, a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla en la reunión que se celebrará este jueves de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad para afrontar la situación de la tórtola europea con el fin de proteger esta especie y evitar que la UE condene a España por no hacerlo.
En concreto, SEO/BirdLife pidió que "ninguna región" autorice el aprovechamiento cinegético de la tórtola europea, ya que presenta "un estado de conservación desfavorable".
En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictaminó la prohibición de la media veda en la región debido a que se autorizó la caza de especies cuyas poblaciones presentaban un deficiente estado de conservación. A esta sentencia siguieron otras en la misma línea en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid, que ratificaron estos argumentos.
SEO/BirdLife subrayó que países como Francia e Israel y algunas comunidades autónomas donde la caza de la especie tiene menos peso (Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, La Rioja, la isla de Menorca y la provincia de Álava) ya han adoptado esta medida, y que la moratoria cinegética en toda España es "aún mayor", dado que el país acoge más de la mitad de la población reproductora de la especie en el continente.
"Es hora de dar un paso adelante por y para la transición ecológica, cumplir con el Pacto Verde Europeo y con la Estrategia Europea de Biodiversidad. El caso de la tórtola es una oportunidad para que las administraciones españolas demuestren que están a la altura para detener la pérdida de biodiversidad. Es hora de proteger a la tórtola y asegurar que nuestros campos sigan acogiendo ejemplares como seña de identidad y de riqueza natural”, afirmó Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.
Ruiz añadió que "todas las administraciones competentes pueden y deben asumir la responsabilidad ante la sociedad para proteger el patrimonio natural de todos los ciudadanos, y evitar, además, que la inacción provoque una infracción comunitaria que suponga un gasto extraordinario para todos en este momento de crisis sin precedentes".
Este miércoles concluyó el plazo de dos meses dado por la Comisión Europea a España para actuar. El Ejecutivo comunitario envió el pasado 3 de diciembre un dictamen motivado a España para que refuerce la protección de la tórtola europea, tal como exige la Directiva sobre aves.
España acoge a más de la mitad de la población reproductora de tórtola común de la UE, por lo que su territorio es de vital importancia para la conservación de esta especie, según el Ejecutivo comunitario.
Entre 1996 y 2016, la población de tórtola común disminuyó un 40% en España. Esta especie está ahora amenazada, en particular por las presiones de la agricultura y la caza, lo cual contribuye a la pérdida de biodiversidad.
La especie se considera 'vulnerable' tanto en la lista roja de aves mundial como en la lista roja de aves europea. La Directiva exige a los Estados miembro que garanticen que la tórtola común disponga de hábitats suficientes, que estos estén protegidos por garantías jurídicas adecuadas y se gestionen de acuerdo con las necesidades ecológicas de la especie, y que sólo se practique la actividad cinegética cuando sea sostenible hacerlo.
Dado que España no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la protección de los hábitats y la caza sostenible de esta especie, la Comisión Europea envió al país una carta de emplazamiento en 2019. Las autoridades españolas no respondieron satisfactoriamente, por lo que el Ejecutivo comunitario remitió un dictamen motivado al Estado español hace dos meses. Sobre España pende la amenaza de Bruselas de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.